No podemos andarnos con más rodeos. El contexto ha cambiado y, por lo tanto, nosotros también tenemos que cambiar. Para ello son muchos los pilares que hay que reformar. Reformas que el Gobierno de Mariano Rajoy está poniendo en marcha. Pero aún queda una que es trascendental: la reforma del Estado del Bienestar. Hasta ahora hemos contado con un Estado del Bienestar en el que muchos ciudadanos recibían, pero no aportaban nada. En una economía en auge, quizás, esto se pueda permitir. Pero en la coyuntura actual, es inadmisible. Y no estamos hablando de desmantelar el Estado del Bienestar, sino de reforzarlo, adaptándolo a las circunstancias actuales.
Ya lo hizo Tony Blair a finales de los noventa con su welfare en el Reino Unido. Y eso que la economía británica no estaba tan mal como la española en este momento. Fue una apuesta fuerte y arriesgada pero necesaria. Y dio sus frutos, como sucedió igualmente en la Alemania del canciller Schroeder.
Nadie duda de que haya que abogar por los derechos de los ciudadanos, pero sin olvidar sus responsabilidades. Como dijo el reformista Blair en su momento, "hay que ofrecer esperanza a la gente a cambio de un compromiso de ayudarse a sí mismos".
El Estado y el sector privado españoles tienen que ofrecer a los ciudadanos oportunidades reales para que los trabajadores adquieran habilidades y puedan adaptarse a las nuevas circunstancias del mercado laboral. Pero esas personas también tienen la responsabilidad de aprovechar las oportunidades que se les brindan. Es una forma de ayudarse a sí mismos.
Tenemos más de cinco millones de personas en el desempleo, pero eso no significa que deban estar paradas. Para lograr el empleo es fundamental adaptar las capacidades de los trabajadores a las necesidades reales de las empresas. Y para mejorar sus habilidades es clave la formación eficaz. Por eso no tiene sentido en este momento un recorte de las políticas activas en esta materia, porque el Estado debe facilitar la independencia de los ciudadanos, no su dependencia del Estado.
En la Tercera Vía de Blair un punto fundamental fueron los llamados Job Centre Plus, un moderno sistema de oficinas de empleo público-privadas que trata a los usuarios como clientes y como empleados en potencia más que como parados. En España hay que cambiar la imagen que tenemos de las oficinas del SPEE como un lugar donde te facilitan unos recursos económicos durante un tiempo (dinero a cambio de nada), por un espacio donde expertos públicos y privados ofrecen asesoramiento y apoyo a los desempleados para ayudarles a incorporarse al mundo laboral. Es aquí donde aparece la responsabilidad del Estado: trabajar activamente con los desempleados para proporcionarles oportunidades reales. Pero también se pone de manifiesto la responsabilidad del ciudadano, que consiste en participar activamente con el Estado en la búsqueda de trabajo y aprovechar las oportunidades que se le ofrecen.
Hay que reformar el Estado del Bienestar tal como lo conocíamos hasta ahora, no sólo por esos cinco millones de desempleados, también por todas aquellas personas con barreras particulares para trabajar: personas con discapacidad, con problemas de salud, familias monoparentales... Y hay que hacerlo no sólo porque es lo correcto, sino porque no podemos permitirnos el lujo de seguir perdiendo el talento de nuestros ciudadanos.
Por supuesto, hay determinadas personas que nunca podrán trabajar y hay que garantizarles una seguridad digna. Serían las denominadas personas con discapacidad de alto grado. Sin embargo, existen otras muchas con algunas barreras que no deben de impedirles acceder al mundo laboral. En ellos hay que centrarse y tomar medidas para que las expectativas de las personas se puedan cumplir.
La movilidad social debe convertirse en una realidad en España. Claro que hay que dar prioridad a que los desempleados encuentren un trabajo, pero tampoco hay que olvidarse de aquellos que, teniendo ya un empleo, quieren desarrollar su talento y sus aspiraciones. Ellos también se merecen nuevas oportunidades. No se trata de ayudar a sobrevivir, sino de ayudar a mejorar, de ahí la necesidad de programas específicos que permitan obtener mejores y mayores habilidades y, de esta forma, obtener puestos de trabajo de más nivel y mejor remunerados.
Si logramos reducir las cifras del paro, es decir, menos personas cobrando de las arcas públicas, habrá más dinero para gastar en aquellos que no tienen otros medios de conseguirlo. Así debe entenderse el nuevo Estado del Bienestar español, no como un derecho universal, gratuito e ilimitado, sino como un instrumento puntual para ayudar a los más necesitados de verdad.