IU tiene la llave de Andalucía y está dispuesto a emplearla para imponer parte de su programa político durante la presente legislatura. Una vez descartado el pacto con el PP, que obtuvo mayoría -aunque no absoluta- en las pasadas elecciones del 25 de septiembre, la formación comunista negocia en estos momentos un acuerdo político con el PSOE andaluz para que José Antonio Griñán siga presidiendo la Junta.
Así, aunque 32 asambleas de IU descartaron el jueves por unanimidad un pacto de gobierno o de legislatura con el PSOE, admitieron un posible apoyo a la investidura de Griñán (PSOE) a cambio, eso sí, de cinco condiciones:
- La salida de los cargos de la Junta relacionados con los ERE irregulares.
- La creación de un banco público.
- Prohibir los desahucios por embargos inmobiliarios.
- Cuatro meses de empleo público para todos los parados.
- Y una renta básica para todas las familias andaluzas.
Tan sólo estas dos últimas medidas supondrían disparar el gasto público de la Junta hasta niveles, simplemente, insostenibles: la contratación pública de los más de 1,2 millones de parados andaluces durante cuatro meses implicaría, como mínimo, unos 2.500 millones de euros; mientras que una "renta básica" de 9.000 euros al año para las casi 3 millones de familias de la región, añadiría, como poco, otros 25.000 millones -equivalente a todo el presupuesto andaluz de un año-. Y esto para empezar, ya que el programa electoral de IU también recoge la necesidad de aumentar la inversión pública en 2.500 millones de euros al año para potenciar el crecimiento económico.
De este modo, la puesta en marcha de estas tres medidas aumentaría el gasto público en cerca de 30.000 millones de euros en un ejercicio que debería estar marcado, precisamente, por la austeridad. Esta cuantía supondría, sin medidas presupuestarias adicionales (otros recortes o nuevos ingresos), triplicar el actual nivel de deuda regional (14.314 millones en 2011) o multiplicar por siete el déficit andaluz (4.700 millones, el 3,2% de su PIB). Es decir, el objetivo de reducir el déficit autonómico al 1,5% del PIB en 2012, tal y como exige el Gobierno central para cumplir con Bruselas, sería tarea imposible.
Pero, independientemente del acuerdo concreto que alcancen ambas formaciones, se da por hecho que Griñán tendrá que transigir, de una u otra forma, con algunas de las medidas que propone esta formación. En este sentido, el líder de IU, Cayo Lara, ha dejado claro este viernes que exigirá a los socialistas un "giro social" en Andalucía, ya que no respaldará ninguna política a la que no se haya comprometido con su electorado.
¿Y a qué se ha comprometido IU en Andalucía? A continuación, se exponen algunas de las medidas económicas que contempla su programa, más allá de las cinco condiciones descritas anteriormente, bajo el eje vertebrador de una producción "más planificada":
1. Más empleo público:
- Más empleos públicos en educación, sanidad, servicios sociales y justicia.
- Mantener todo el empleo público actual dependiente de la Junta.
- Eliminar las restricciones (como los límites a la tasa de reposición) en la oferta de empleo público.
- Luchar contra la "temporalidad laboral" en la Administración.
- Implantar la jornada laboral de 35 horas semanales "sin pérdida de retribución".
- Que los empleados públicos recuperen el poder adquisitivo perdido durante la crisis, es decir, subidas salariales.
2. Reformar el empleo privado:
- Rechazar la reforma laboral aprobada por el Gobierno del PP.
- Transformar todas las becas, incluidas las de la Administración, en contratos de trabajo con alta en la Seguridad Social.
- Planes Sociales de Formación y Recolocación para que los trabajadores afectados por un ERE mantengan la relación laboral con la empresa. Es decir, que sigan cobrando un salario durante este período de transición, cuyo coste se financiaría de la siguiente forma: el 75% del salario a cargo de Consejería de Empleo y el 25% a cargo de la propia empresa, que también pagaría las cotizaciones sociales.
- Un programa específico para que los ayuntamientos ocupen a desempleados en el cuidado de montes y reforestación.
3. Nuevo modelo productivo, la empresa "social":
- Otorgar "poder" a los trabajadores para que "participen" en la gestión de las empresas y en la "distribución del excedente empresarial".
- Que los trabajadores participen en los Consejos de Administración y en la "organización interna" de las empresas.
- Que accedan "a la propiedad de las empresas que se quieren deslocalizar".
- Imponer un "salario máximo" para los ejecutivos de las grandes empresas y la banca, y prohibir los contratos blindados.
- Reforzar la cooperación empresarial y el diseño de "planes sectoriales estratégicos con intervención pública".
- "Erradicar las diferencias salariales entre mujeres y hombres"; fomentar la "representación paritaria" en todos los órganos de representación.
- Aumentar el período de permiso de paternidad y que éste sea obligatorio e intransferible.
- Paralizar las privatizaciones en curso y rescatar de forma progresiva los servicios públicos hoy privatizados, incluida la gestión, especialmente en los campos educativo, sanitario y de servicios sociales.
4. Agricultura:
- Crear un "Banco Público de Tierras", que pueda gestionar el acceso a superficie agraria que no esté en uso, lo cual abriría la puerta a expropiación -directa o indirecta- de solares.
5. Industria:
- Medidas de ámbito legal/administrativo para evitar cierres y deslocalización de empresas.
- Desarrollo y gestión pública de suelo industrial.
- Uso de fondos públicos para la creación de tejido industrial.
- Financiación pública de la investigación biosanitaria, "evitando la influencia determinante de la industria farmacéutica privada sobre qué y cómo se investiga".
- Fomentar las empresas de "Economía Social", en donde gestionan y deciden los trabajadores, no el empresario. Y ello, favoreciendo a estas empresas en los contratos administrativos, fondos públicos y préstamos blandos.
6. Comercio:
- Moratoria en la construcción de nuevas grandes superficies.
- Mantenimiento de los actuales horarios comerciales para evitar la "competencia desleal que daña al pequeño y mediano comercio".
7. Artesanía:
- Subvenciones para modernizar talleres y puestos de trabajo.
- Medidas para "evitar las importaciones a bajo precio que hacen una competencia desleal a nuestro colectivo", es decir, proteccionismo comercial.
- Financiación de cursos y/o talleres de artesanía en colegios e institutos .
8. Construcción:
- Más obra pública; vivienda social; y subvenciones para la "rehabilitación ecológica" de inmuebles.
9. Energía
- Prohibir la energía nuclear.
- Garantizar la "autosuficiencia energética a partir de recursos endógenos y, especialmente, a partir de fuentes de energías renovables (solar, térmica y fotovoltaica, eólica, biomasa) en el horizonte del año 2020".
10. Más impuestos:
- Aumentar el tramo autonómico del IRPF en dos puntos porcentuales para las rentas de más de 60.000 euros, y en cuatro puntos para las superiores a 120.000 euros.
- Transformar el Impuesto de Patrimonio en un Impuesto sobre las Grandes Fortunas, con un incremento del tipo general en un 20%.
- Eliminar la baja fiscalidad de las Sicav (sociedades de inversión de capital variable).
- Cobrar un impuesto sobre tierras agrícolas infrautilizadas.
- Nuevo tributo sobre campos de golf.
- Nuevo "impuesto de incentivación y promoción del transporte ferroviario".
- Endurecer las tasas sobre el juego.
- Nuevo impuesto sobre grandes establecimientos comerciales.
- Nuevo impuesto sobre el suelo sin edificar en los plazos establecidos por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
- Nuevo impuesto sobre edificaciones ruinosas que no hayan sido objeto de sustitución o de rehabilitación en los plazos establecidos.
- Gravar las viviendas vacías.
- Nueva Ley de Fiscalidad Ecológica que establezca los impuestos, tasas y cánones que graven las "actividades con impacto medioambiental y favorezca el uso sostenible de los recursos naturales".