El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) iniciará este jueves la venta de Banco de Valencia y CatalunyaCaixa, en su primera reunión tras Semana Santa, han informado a Europa Press fuentes financieras.
El pistoletazo de salida del proceso llega un mes más tarde de lo que preveía el sector para Banco de Valencia, y se le sumará también CatalunyaCaixa con la voluntad de completar la reestructuración financiera antes de verano.
Ambas ventas contarán con Esquema de Protección de Activos (EPA), según las mismas fuentes, aunque el Gobierno todavía debe encontrar una vía de financiación. El Ejecutivo rechaza crear un banco malo para los activos inmobiliarios, pero necesita ingresos para el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).
A falta de datos oficiales, fuentes financieras consultadas por Europa Press cifran los recursos del FGD en menos de 2.000 millones de euros, cantidad insuficiente para afrontar las próximas adjudicaciones de entidades controladas por el Estado.
CatalunyaCaixa perdió 1.335 millones
En el caso de CatalunyaCaixa, Catalunya Banc -el banco que aglutina la actividad financiera- perdió 1.335,2 millones de euros en 2011 tras aplicar saneamientos adicionales por adelantado para cumplir con gran parte de las exigencias del decreto 2/2012 de saneamiento financiero del Gobierno.
Las cuentas de la entidad habrían registrado un beneficio de 120,2 millones de euros sin aplicar estas medidas, un 10,8% más que en 2010, ha señalado la entidad controlada por el FROB, que ha restado 1.505 millones brutos por el riesgo promotor y los activos inmobiliarios.
Con todo, la entidad, que cerró 2011 con unos activos de 77.075 millones, 1.164 oficinas y 7.184 empleados, estima que los requerimientos de provisiones que se derivan de la aplicación del decreto 2/2012 se elevan a 1.595 millones.
De estos, 1.263 corresponden a provisiones específicas para las coberturas vinculadas a crédito dudoso o subestándar relacionado con la promoción inmobiliaria y activos inmobiliarios en balance, y 332 millones se corresponden con dotaciones genéricas vinculadas a crédito promotor clasificado en situación normal.
Adicionalmente, el decreto prevé un buffer de capital que supone unos requisitos de 1.053 millones de euros para la entidad catalana.