Los inversores han mostrado su creciente desconfianza en España un día después de la presentación de los presupuestos del Estado. La prima de riesgo se ha disparado hasta los 390 puntos básicos, los máximos desde finales de noviembre, antes de la llegada al poder de Mariano Rajoy. Mientras tanto, la bolsa ha sufrido la segunda caída consecutiva superior al 2%, lo que la ha llevado a marcar mínimos anuales por debajo de los 7.700 puntos.
Ante este hecho, unos podrán arremeter contra la "irracionalidad de los mercados" o la "acción desestabilizadora de los especuladores". Otros, por el contrario, podrán comprender la reacción de los inversores sobre la base de que los presupuestos de 2012 no son ni tan acertados, ni tan austeros, ni tan creíbles como los presenta el Gobierno.
Al margen del impacto entre sus electores, el hecho de que el gobierno de Rajoy haya relajado el objetivo de reducción del déficit del 4,4% al 5,3% y, asimismo, haya renunciado a conseguirlo sin subir impuestos, por la exclusiva vía de reducción del gasto, no ayuda, ciertamente, a dar confianza entre los inversores. Tampoco ayuda el hecho de ver a un presidente de Gobierno dando muestras públicas de ser incapaz siquiera de concebir otra alternativa a su insuficiente reducción del gasto público, que no sea la de reducir aun menos el peso del sector público en la economía, opción "infinitamente peor", ciertamente.
A ello habría que sumar la posibilidad de que los efectos recaudatorios de la nueva vuelta de tuerca fiscal sean menores de los que el gobierno espera. Sin embargo, uno de los factores que pueden ser más explicativos de la desconfianza en los presupuestos es que, para que sean mínimamente creíbles, las autonomías deberán responder como un solo hombre a los llamamientos de reducción del déficit hechos por el gobierno central. Montoro les ha facilitado la tarea elevándoles las transferencias, pero advirtiéndoles, al mismo tiempo, que no admitirá "más excusas ni pretextos".
Es ciertamente encomiable la contundencia con la que Montoro ha advertido que todas las administraciones territoriales tendrán que cumplir con su objetivo de déficit y aquellas que no lo hagan verán al Gobierno ejercer los procedimientos de "control, vigilancia e intervención" que la ley le ofrece. Sin embargo, la decisiva cuestión sigue siendo la misma que ya planteáramos en nuestro anterior editorial: ¿cumplirá el Gobierno de Rajoy su amenaza en el caso de que sea necesario?
El tiempo lo dirá. Pero desde luego el portavoz de la Generalidad, Francesc Homs, ha tardado bien poco en dejar en evidencia la nula credibilidad que otorga a las advertencias de Montoro: sin ni siquiera molestarse en disimular su nula voluntad de cumplimiento, Homs ha declarado este miércoles que tanto en CiU como en el Gobierno catalán "nos preocupamos sólo de los ciudadanos de Cataluña; somos una fuerza nacionalista y nos debemos a los ciudadanos catalanes". Eso, sin dejar de amenazar con "llevar al Estado a los tribunales" si no les paga sus "deudas".
Lo que debería resultar evidente a estas alturas, y por mucho que algunos sólo hayan tenido ojos para la crisis económica, es que España padece además una gravísima crisis como nación, y que ambas crisis, lejos de ser compartimentos estancos, están íntimamente conectadas. La falta de vertebración y los reinos de taifas en los que ha degenerado el Estado autonómico constituyen, desde hace muchísimo tiempo, uno de los principales factores que han elevado la prima de riesgo de la deuda española.
Claro que, siempre quedarán quienes lo atribuyan todo a la "irracionalidad de los mercados".