El Gobierno ha presentado hoy unos Presupuestos Generales del Estado que el propio Cristóbal Montoro calificó el viernes como “los más austeros de la democracia”. Las cuentas públicas incluyen varias subidas de impuestos (IRPF, Sociedades, IBI) y un recorte de unos 18.000 millones de euros, especialmente centrado en los ministerios de la administración central del Estado, que ven reducidos su gasto disponible en un 16,9% de media.
Lo primero que habría que decir es que las cuentas del Estado para este año no son, ni mucho menos, tan "austeras" como el ministro de Hacienda se ha esforzado en resaltar. Evidentemente, suponen una sensible mejora respecto a los PGE de la era Zapatero, pero decir que no había más margen de maniobra es casi una burla a los millones de españoles que han visto cómo les subían los impuestos en los últimos meses.
Es cierto que se reducen subvenciones y transferencias de todo tipo. También la miríada de organismos que dependen del Estado ve un importante recorte en los fondos a su disposición. Pero nada de esto impide que se mantengan decenas de partidas presupuestarias que sólo se justifican por el mantenimiento del status quo. España necesita lo que los expertos llaman un Presupuesto de base cero: el equivalente a sentarse delante de una hoja en blanco y rellenarla sólo con aquel gasto realmente imprescindible, sin que las inercias del pasado impongan ninguna obligación para el futuro.
En cualquier caso, hay que reconocer que el primer Presupuesto de Mariano Rajoy tiene al menos el mérito de haber cargado sobre los hombros del Estado y de sus ministerios la mayor parte del ajuste.
Todas las autonomías se han quejado de forma reiterada de que no tenían fondos suficientes para hacer frente a sus obligaciones. Este martes, Cristóbal Montoro les ha lanzado a los presidentes regionales un órdago en toda regla. Sus administraciones no sufrirán los rigores del recorte estatal y se beneficiarán de algunas de sus subidas de impuestos. A los barones autonómicos se les han acabado las excusas. Preguntado por los periodistas por casos concretos (Andalucía, Cataluña, Asturias), el ministro de Hacienda ha asegurado que no se tolerarán "más excusas ni pretextos". Todas las administraciones territoriales tendrán que cumplir con su objetivo de déficit y aquellas que no lo hagan verán al Gobierno ejercer los procedimientos de "control, vigilancia e intervención" que la ley le ofrece.
Las declaraciones de Montoro son quizás lo mejor del día. El ministro ha mostrado una contundencia que se ha echado de menos en el Gobierno en los últimos años. La pregunta que todos nos hacemos es si cumplirá su amenaza en el caso de que sea necesario.
La mayoría de los presidentes autonómicos se ha comportado de forma absolutamente irresponsable en los últimos años. Por un lado, socavaban el poder del Gobierno de la Nación y gastaban a manos llenas un dinero que no tenían, pero al que accedían con el respaldo del Estado. Además, sabían que de sus deudas respondería Madrid y se sentían impunes ante cualquier advertencia que llegase desde La Moncloa.
El ministro de Hacienda ha asegurado hoy que ya no habrá más avisos. A partir de ahora, el que se salte las normas se enfrentará a un castigo inmediato. Montoro, incluso, ha hablado de intervención de las autonomías que incumplan la ley, uno de los últimos tabúes que le quedan a la democracia española. Si cumple con su palabra, por fin el Estado autonómico podría dejar de ser una fuente de debilidad y convertirse en un activo más para la recuperación (y no sólo económica) española.