De entre las medidas que incluye el proyecto de Presupuestos Generales del Estado ha generado polémica una en concreto. Se trata de la Amnistía Fiscal para evasores a los que Hacienda no haya comenzado a investigar.
El líder del Partido Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, ya criticó con dureza desde el mismo viernes la medida, acusando al PP de haber ocultado los presupuestos porque preparaba una reforma que incluyera ventajas fiscales para defraudadores y aumentos de impuestos para los trabajadores.
Pero la amnistía fiscal no es una medida nueva, ni genuína de España, donde tenemos dos precedentes desde la transición democrática. El propio Gobierno se vio obligado a recordarlo el viernes, subrayando que Felipe González la aplicó en dos ocasiones, y que el propio Zapatero hizo lo propio en 2010.
La primera fue en 1984, cuando Miguel Boyer estaba al frente de la cartera de Economía. En aquel momento, se puso en marcha una amnistía cambio de la inversión del dinero aflorado en pagarés del Tesoro, sin penalización fiscal y salvaguardando el anonimato de los suscriptores.
Más tarde, en 1991, cuando Alfredo Pérez Rubalcaba ya formaba parte del Gobierno de Felipe González, Carlos Solchaga –ministro de Economía- planteó una nueva amnistía para evasores mediante el canje de pagarés del Tesoro por un producto de deuda pública especial con un tipo de interés inferior al del mercado. El éxito de estas operaciones fue parcial: se regularizó una cantidad de dinero negro menor de la prevista. En el segundo caso, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 1992 incluyó en su disposición adicional vigésima primera la exclusión de nuevas amnistías y regularizaciones fiscales en el futuro: "A partir del 1 de enero de 1992, no se dictará disposición alguna, de cualquier rango, que implique para quien hubiere incumplido sus obligaciones tributarias, amnistía fiscal".
La de 1991 encontró una fuerte oposición del Partido Popular. La polémica se prolongó durante años y bajo gobierno de Aznar, en 1997, aún seguía en los tribunales. Los populares acusaban a los socialistas de beneficiar "a sus amigos" durante la última etapa de González al frente del Ejecutivo mediante aquella amnistía. El presunto fraude se cifraba en 200.000 millones de las antiguas pesetas.
Pero hay ejemplos más recientes.
En 2010, cuando el PP de Mariano Rajoy seguía en la oposición, el gobierno de Zapatero propuso una amnistía fiscal que no llegó a aplicarse. Entonces, los populares se negaron a apoyar esta medida porque, decían, "los que pagan van a hacerlo más y los que no pagan se les va a perdonar lo que no han pagado". El líder del partido, Mariano Rajoy, llegó a decir que:
"Lo que España necesita para atraer financiación y capital no es una amnistía fiscal, sino confianza en la política económica del país y en el Gobierno que la debe implementar".
Ahora, en 2012, y tras la presentación, en su proyecto de presupuestos, de una amnistía fiscal con multa del 10% del dinero aflorado, el vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, ha respondido a los ataques del PSOE y defiende que la propuesta de Rajoy no tiene nada que ver con la que puso encima de la mesa el PSOE en 2010: "No es un negociete", sino que permite al Estado recaudar por un dinero que en la actualidad "no paga" impuestos. En rueda de prensa en la sede de la calle Génova, el dirigente 'popular' ha recordado que la "barbaridad" que propusieron los socialistas consistía en "regularizar todo el dinero que comprara deuda pública" sin aplicarle ningún tipo de retención y concediéndole, además, los intereses y la devolución completa al vencer los títulos.
Montoro ha insistido en que se trata de una medida "excepcional y extraordinaria" para afrontar la importante caída de la recaudación de los ingresos. "La idea me podrá gustar más o menos, pero tengo que hacerla porque en el país hay que ingresar sin subir los impuestos indirectos, que perjudicarían la economía. Son medidas difíciles para tiempos difíciles y si se consigue recaudar más, será positivo para todos", ha manifestado.
Fuentes gubernamentales subrayan que muchos países del entorno europeo han utilizado esta medida en sus procesos de ajuste. Lo hizo Alemania en 2003, Portugal en 2010 e Italia en 2009. Berlusconi, recuerdan fuentes populares, recaudó en su momento cerca de cinco mil millones vinculados a la compra de deuda pública.