El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un Real decreto ley para corregir el déficit tarifario en el sistema eléctrico, que asciende a unos 24.000 millones de euros. Según el ministro de Industria, José Manuel Soria, si no se adopta ninguna medida, el sistema acumularía unos 5.000 millones de euros extra al año de déficit, por lo que urge su reforma.
La legislación vigente obliga a que el déficit no supere el límite máximo de 1.500 millones de euros en 2011 y en 2012 y que, además, éste sea cero en 2013, tal y como ha ratificado los autos y resoluciones del Tribunal Supremo. Sin embargo, puesto que se han superado tales limitaciones, es preciso ajustar 3.147 millones de euros, lo cual implicaría subir la factura de la luz casi un 40%. Para evitarlo, el Gobierno ha decidido distribuir la carga entre los consumidores y las eléctricas casi a partes iguales.
El precio de la luz consta de dos componentes: precio de mercado (subasta) y peajes de acceso (costes regulados). Industria ha anunciado que el recorte de la deuda eléctrica se hará haría mediante aumentos en la factura de la luz y una reducción de costes regulados, que supondrán un recorte de ingresos a las eléctricas.
Por el lado del consumidor, la tarifa eléctrica de último recurso subirá un 7% el próximo 1 de abril. Pero la luz no solo subirá para el consumidor doméstico, sino que lo hará un 4,1% en el caso de las pymes, un 2,68% en el de consumidores industriales y un 0,91% en el de las grandes industrias. En total, el sistema eléctrico ingresará 1.382 millones más gracias a esta medida.
Por el lado de las eléctricas, Industria recortará los costes eléctricos por valor de unos 1.700 millones de euros, principalmente, en distribución, transporte y pagos por capacidad.
De las medidas de reducción de costes, destaca el recorte de 688 millones de retribución a la actividad de distribución de las eléctricas, equivalentes a un 12,5% de los 5.500 millones recibidos en 2011 por este concepto. El recorte se hará "con cargo a los activos del sistema ya amortizados", dijo Soria.
Además, Soria recorta a las eléctricas 84 millones, o un 10%, de los 842 millones que reciben las centrales térmicas en concepto de pagos por capacidad, que incentivan su disponibilidad para utilizarlas cuando lo necesite el sistema.
La Comisión Nacional de la Energía (CNE) sufrirá un recorte de 60 millones en su retribución, mientras que los operadores del sistema deberán hacer frente a pagos de 20 millones hasta ahora incluidos en su retribución.
El Gobierno también recorta un cargo de remanente del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE) por 613 millones y un 10%, o 46 millones, de los 463 millones de la cuantía de la prima al precio del carbón.
El servicio de interrumpibilidad que ofrecen las grandes industrias, por el que detienen su actividad cuando hay picos de demanda, se recorta en 56 millones, o un 10% de los 561 millones recibidos, mientras que otros 197 millones de ahorro se obtendrán mediante cambios en la contabilización de la retribución de inversiones de REE.
Reparto de cargas
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó que el Gobierno ha aprobado un real decreto ley para "repartir equitativamente los esfuerzos" para atajar el déficit de tarifa y "cumplir las sentencias y autos del Tribunal Supremo". Según dijo, no todo el peso del ajuste caerá sobre los usuarios. "No podíamos trasladar todo el coste al consumidor. Se reparte equitativamente para lograr una contraprestación más justa y equilibrada", afirmó.
Estas medidas aparecen recogidas en un real decreto ley para acabar con el déficit de tarifa, al que se sumará la reforma eléctrica que en abril lanzará el Gobierno. Aparte de este recorte, las grandes eléctricas también ser verán perjudicadas por el aumento del Impuesto de Sociedades para las grandes empresas aprobado por el Ejecutivo.
El gas subirá un 5%
Dentro del sector del gas, la subida del 5% en la tarifa viene acompañada de medidas de recortes de gastos que permitirán que el déficit del sistema gasista ronde los 300 millones en 2012 y no se dispare a cerca de 510 millones.
Entre los recortes, figura la suspensión de tramitación de nuevas instalaciones de gas natural, de nuevas regasificadoras, de autorizaciones administrativas a gasoductos planificados y de las modificaciones de los sistemas de almacenamiento subterráneo.