La familia Kirchner ha escogido a Repsol/YPF como nuevo chivo expiatorio, al igual que Las Malvinas. No importa que YPF sea el mayor contribuyente fiscal del país y uno de los principales empleadores
Un presidente peronista privatizó la petrolera YPF y una presidenta peronista busca su renacionalización. Así es la Argentina: un país donde el presidente de la Corte Suprema votó a favor la constitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida en 1987 y más tarde, en 2005, votó por su nulidad de pleno derecho.
En sus años de gobierno (1989-1999), Menem, el primer peronista que gobernó Argentina desde 1976, desmanteló el sector empresarial público. Iberia compró Aerolíneas Argentinas en 1990 (se dice que debido a una gestión personal de Menem con Felipe González, entonces presidente de Gobierno) y Repsol compró en 1999 YPF, la empresa petrolífera estatal. En esta última operación participaron Néstor Kirchner, gobernador de la provincia de Santa Cruz, productora de petróleo, y su esposa, Cristina Fernández, miembro del parlamento local, para acelerar la privatización.
Los Kirchner llegaron al poder en 2003, con un programa hipernacionalista y de denuncia de la venta de los recursos y las industrias nacionales a los capitalistas extranjeros. Poco a poco han conseguido renacionalizar algunas empresas y actividades de las que el Estado se había desprendido, como Aerolíneas. El objetivo, ahora que el milagro económico argentino, basado en la compra de la soja por China y los subsidios a la electricidad, el combustible y la carne, empieza a agotarse es YPF.
Desde 2003, el Gobierno argentino ha introducido límites a la exportación de crudo (para reingresarlo refinado) y a las tarifas de los combustibles; a la vez, exigía a las petroleras que aumentasen las inversiones para el descubrimiento y la explotación de nuevos yacimientos. La consecuencia es que Argentina ha pasado de ser exportador a importador; el país consumió en 2011 más petróleo y gas importados que los producidos en su suelo, lo que implicó un gasto para el Estado de casi 10.000 millones de dólares.
La familia Kirchner ha escogido a Repsol/YPF como nuevo chivo expiatorio, al igual que las Malvinas. No importa que YPF sea el mayor contribuyente fiscal del país y uno de los principales empleadores, con una plantilla de 13.500 trabajadores, ni que en 2011 invirtiese unos 3.000 millones de dólares. En 2007, el matrimonio forzó la entrada en el accionariado del grupo Eskenazi. Pero como eso no es suficiente, ha empezado la campaña para amenazar con una expropiación o una intervención con la retirada de pequeñas concesiones en varias provincias. La justificación para hacerse con el control puede ser el desabastecimiento en puertas del invierno austral, que ya se ha producido en otros años.
La operación contra Repsol cuenta con el contrapeso del nuevo Gobierno español. Tanto el Rey como el ministro José Manuel Soria han intervenido ante la presidenta Fernández. En los años de Rodríguez Zapatero los viajes de altos cargos se limitaban a la promoción de los nuevos derechos (matrimonio homosexual y adopción, ideología de género, aborto), mientras se desentendían de las empresas españolas.
Los empresarios instalados en Argentina hasta 2004 han aprendido a su costa que están en un país donde el derecho es un chicle, y tienen derecho a la ayuda del Gobierno español. Pero ahora bien, los empresarios que a partir de ahora corran la aventura de instalarse en Argentina ya saben cuáles son los riesgos y, como los pescadores de Barbate que exigen el acuerdo de pesca con Marruecos, no pueden exigirnos a los españoles que gastemos dinero y esfuerzos en defender sus negocios.
