El Servicio Estadístico del Banco de España ha dado a conocer este viernes la situación de la deuda pública a 31 de diciembre del año pasado, que en el caso de las comunidades autónomas asciende ya a más 140.000 millones de euros, lo que equivale al 13,1 por ciento de toda la riqueza que produce el país entero a lo largo de un año. El dato tiene su importancia tratándose de unos organismos creados de forma artificial no para dar respuesta a las necesidades ciudadanas, sino para usurpar competencias ajenas y formar un paisaje político en el que las aspiraciones nacionalistas tuvieran cabida constitucional.
¿Para qué sirve una comunidad autónoma? Evidentemente, para nada; para nada bueno, me refiero. Sólo para depredar la riqueza de los ciudadanos y exacerbar las contiendas con el resto de autonomías y el gobierno central, al objeto de que la nutridísima clase política periférica pueda justificar su provincianismo cateto de boina, chapela, barretina y mariscada.
El eje vertebrador de la política autonómica es el victimismo hacia un agravio ancestral, unas veces cometido por el Estado y otras por las provincias limítrofes, cuya solución histórica exige un esfuerzo económico cada vez mayor de los contribuyentes, los mismos a los que jamás se ha pedido opinión por esas supuestas traiciones de las que son objeto por parte de sus compatriotas.
Con las transferencias en educación y sanidad, decisión de Aznar por supuesto sin consultar a los usuarios, la ruina del sistema era sólo cuestión de tiempo. Ese momento ha llegado y la solución que se nos propone es pagar todavía más por unos servicios de los que somos rehenes todos los ciudadanos, porque la clase política se cuida mucho de no permitirnos elegir acerca de la forma de educar a nuestros hijos, cuidar nuestra salud o garantizarnos el retiro.
El mal llamado "copago" -porque no se va a pagar a medias con otro y además se trata técnicamente de una nueva tasa autonómica -, es la última afrenta de una casta política que ha hundido el sistema sanitario y aún así se niega a renunciar a sus prebendas devolviendo la competencia al gobierno para su gestión de forma centralizada. Falta dinero para financiar la sanidad pública, pero en lugar de ahorrar 20.000 millones de euros agrupando compras, costes y suministros, los políticos han decidido mejor dejar todo como está y sacar esos millones adicionales del triste bolsillo de los contribuyentes.
Siempre ha habido razones más que suficientes para execrar el sistema autonómico. En el mismo momento de su creación, pero especialmente ahora que nos ha llevado a la ruina al país entero. Desde 2008, año en que comenzaron a hacerse patentes los efectos de la crisis, las comunidades autónomas han duplicado el volumen de su deuda pasando de 72.000 a 140.000 millones, un baldón infame que esmalta esta construcción sociopolítica tan española, cuya principal utilidad ha sido el servir de colocación para doce mil desocupados con carné de partido.
Ciento cuarenta mil millones de euros, veintitrés billones de pesetas, es el montante del pufo autonómico. ¿Le parecen a la ministra Mato pocas razones para oponerse al copago?
