Comienza a ser tristemente habitual en España que la normalidad sea noticia y ocupe los principales de las titulares de la prensa. Este viernes el Gobierno ha aprobado un plan de reordenación del sector público que supone la extinción de 24 Sociedades, la desinversión en otras 8 y la liquidación de 13 más. De éstas, la mayoría eran empresas sin actividad, con más miembros del Consejo de Administración que personal, tal y como reconoció la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Su única función era la de colocar a los amigos del partido de turno, para que cobrasen jugosas dietas que suponían casi dos millones de euros al año.
Bien está que se ponga fin a una situación tan escandalosa, inconcebible e incompatible con el más mínimo sentido de la moral pública, que solo puede encuadrarse en la concepción patrimonialista y despótica del poder que ha caracterizado a nuestras instituciones en las últimas décadas. No deja de ser paradójico que el despilfarro y la corrupción, dos caras de la misma moneda, afloren al albur de una crisis de la que son las principales causas.
Si el Gobierno pretende culpar de esta realidad exclusivamente a la gestión de Zapatero se estará equivocando. La herencia recibida no puede ser peor, pero no explica que entre las empresas suprimidas nos encontremos con ‘Carmen, la comida de España 1992. SA’ –destinada a la promoción de la tortilla– o Quinto Centenario y Barcelona Holding Olímpico, por poner dos ejemplos.
Las 45 sociedades afectadas por el plan del Gobierno suponen el 32 por ciento de las 140 existentes en la Administración General del Estado. Lo que ocurre es que hay empresas públicas y empresas públicas. En el 68% restante están las grandes compañías que, como RTVE, son las que sangran los presupuestos con una deuda gigantesca. Para más inri, la cifra se empequeñece hasta casi el ridículo si la situamos frente a las 4.000 empresas y entes públicos que suman todas las administraciones, autonomías y ayuntamientos incluidos.
Que la sociedad del Quinto Centenario deje de existir el 16 de marzo de 2012 no es noticia. Lo es que siguiese funcionando el 15 de marzo de 2012. Estamos, pues, ante un tímido, muy tímido, primer paso, pero claramente insuficiente y no merecedor de ser considerado un ‘Plan de reordenación del sector público’. La apelación de Sáenz de Santamaría a la autonomía de las comunidades es formalmente real, pero es falaz en el fondo. Si el PP obtiene la victoria en Andalucía, tendrá el poder en todas las administraciones, salvo Cataluña y el País Vasco. La capacidad de maniobra es inmensa, como lo es el tamaño del sector público. Solo depende de la voluntad real del Gobierno.