Es un hecho irrefutable que los gobiernos juegan con los precios de la electricidad a su antojo y conveniencia. Es también un hecho indiscutible que, en ocasiones, ese juego flirtea con los límites de la legalidad. Y no es menos innegable que, cuando los gobiernos traspasan lo legal, los que pagamos somos siempre los mismos.
Ya hemos comentado en numerosas ocasiones que el precio que pagamos en los hogares por la electricidad se forma, aproximadamente a partes iguales, por dos bloques claramente diferenciados. Por un lado el precio de la propia energía, que se fija en un mercado libre mediante subastas. Por otro, el precio de los peajes de acceso a las redes eléctricas, que fija el gobierno. Cada uno de esos dos bloques tiene evoluciones del precio diferentes pero, normalmente, el gobierno reacciona y se comporta según el precio resultante en las subastas de la parte libre del mercado.
En la parte regulada de los peajes se incluyen una serie de costes que hacen engordar la tarifa de la luz. Entre ellos las primas a las energías renovables, las subvenciones al sector del carbón, la moratoria nuclear o los costes extrapeninsulares. Ahora bien, los peajes establecidos por el gobierno no han sido suficientes (nunca en los últimos 8 años) para pagar todos los costes que se incluyen en ellos. Así aparece el déficit de tarifa eléctrico.
Veamos cómo se manipula el precio de la luz para entender lo que estamos comentando.
El pasado 27 de septiembre tuvo lugar la decimosexta subasta de electricidad, que arrojó una subida de un 12% en el kWh. Al pesar el precio de la energía un 50% en el coste final de la luz, el precio de ésta debería haber subido un 6% en nuestros hogares. Sin embargo, el entonces ministro Sebastián, en un alarde electoralista y de un populismo denigrante decide disminuir los peajes regulados también en un 12%. De este modo se compensa la subida de la subasta, la luz quedará congelada y los consumidores seguiremos pagando lo mismo. No se olviden que un mes y medio después había elecciones.
La consecuencia de esta decisión es que la luz no sube, pero el déficit tarifario aumenta porque ingresan menos de la parte regulada. Esto, no sólo incumple la Ley, sino que a la larga nos costará más dinero a los españoles, que pagaremos el déficit con intereses. Pero para entonces ellos ya no estarían en el gobierno.
Sin embargo, hay otros actores en esta película: las compañías eléctricas, que son las más perjudicadas a corto plazo por el déficit de tarifa ya que están obligadas a asumirlo en sus cuentas. Tras la decisión de Sebastián de reducir los peajes, Iberdrola interpuso una demanda y el Tribunal Supremo le ha dado la razón, estableciendo que no había sido legal la bajada de los peajes en octubre y obligaba a subirlos. Sin embargo, la sentencia del Supremo vio la luz el 22 de diciembre, con lo cual únicamente se subieron los peajes correspondientes a los 8 días entre el 22 de diciembre y el 1 de enero. Revisen sus facturas de la luz de enero y verán lo que les estoy diciendo.
Iberdrola recurrió esta decisión y ayer, el Supremo, le volvió a dar la razón. Por tanto, todos los consumidores tendremos que pagar ahora la subida que en su momento, de manera ilegal, no hizo Sebastián. Por supuesto, él estará en algún sitio disfrutando de su sueldo de ex ministro y no asumirá ningún tipo de responsabilidad al respecto. Pero ustedes vayan preparando las velas, porque tendremos que pagar un 6% de subida retroactiva desde octubre del año pasado y, probablemente, el Supremo sentencie también que la subida del 10% en los peajes tomada por Soria en enero haya sido insuficiente. Es decir, tal vez tengamos que pagar otra subida retroactiva desde el 1 de enero. Eso sin contar que, en abril, habría que volver a subir los peajes, independientemente de todo lo anterior. ¿No querían ustedes renovables? Preparen las carteras.
El Sr. Fernández Ordóñez es analista de Energía, Política Energética y Proliferación Nuclear. Miembro del panel de Opinión de Libertad Digital. Sígalo en Twitter: @fdezordonez