La democracia Suiza se suele utilizar como ejemplo para describir una democracia directa entre los ciudadanos. El país helvético tiene un sistema político bastante curioso formado por una confederación de 23 cantones, en donde sus ciudadanos tienen una participación muy activa en la política del país con reuniones periódicas para debatir temas de actualidad. Los referéndum, como el que hace pocos días rechazó ampliar dos semanas el periodo vacacional, son muy frecuentes para aprobar nuevas leyes o cambiarlas e, incluso, para aprobar los presupuestos generales.
Existen dos tipos de referéndum: los constitucionales, que forman parte integral del proceso de ratificación legislativa; y los facultativos, que dependen de una petición formulada por un número determinado de ciudadanos dentro de un plazo previsto. La iniciativa popular puede, incluso, proponer nuevas leyes que consideren de interés si encuentran el suficiente número de firmas (entre 100.000 y 3.500.000 votantes). Esto hace que el sistema político suizo sea de los más abiertos a la participación directa del pueblo en el proceso legislativo.
El problema de este tipo de sistema es que las continuas consultas a los ciudadanos pueden provocar cierto cansancio en el electorado, lo que se refleja en la baja participación en muchos de los referéndum. De hecho, el domingo pasado, cuando se consultó sobre la ampliación vacacional, se votaron además otros muchos referéndum sobre diferentes cuestiones.
Rechazo de la ampliación de las vacaciones
Los detractores de la propuesta aseguran que la medida sería inasumible para las pequeñas y medianas empresas. La ampliación de vacaciones tenía como finalidad disminuir los niveles de estrés y fatiga de los trabajadores. Pero todos los cantones rechazaron la propuesta, incluidos los latinos, que eran los más proclives a aceptarla. Un total de 1.530.000 votantes votó en contra y 772.000 personas a favor.
La propuesta se tumbó, principalmente, por la férrea oposición de los empresarios, ya que muchos no podrían asumir los elevados costes que produciría la medida en el actual contexto económico. Pymes (el 88% de la empresas suizas tiene menos de diez trabajadores) y empresarios se dedicaron a emitir anuncios en las televisiones y radios para intentar convencer a la gente de que votase en contra de la propuesta. Multitud de carteles de advertencia de que más vacaciones significarían menos puestos de trabajo se podían ver en las estaciones de tren, aeropuertos y lugares públicos.
Contra los manifestantes 'irregulares'
Pero no fue la única medida que se votó el domingo. Limitar el derecho a manifestarse, fue otra de las iniciativas que salió adelante en dicho referéndum. Así, pese a las críticas de un relator de la ONU, que tiene su sede en Ginebra, los suizos votaron a favor de regular las manifestaciones y protestas callejeras.
La disposición, que fue votada en Ginebra y defendida por la derecha suiza, fue criticada por la izquierda, los ecologistas y numerosas asociaciones, que la consideran "liberticida". En contra de la opinión de la ONU, a partir de ahora, cuando se organice una manifestación sin autorización o cuando ésta se haya autorizado pero, finalmente, no se produzca, los organizadores serán multados con hasta 100.000 francos suizos (83.000 euros), es decir, diez veces más que las sanciones actuales. Además, las autoridades podrán prohibir las manifestaciones en algunos lugares, incluso en el centro de la ciudad.
Frenazo al boom turístico
Otra de las medidas aprobadas es la limitación del número de casas dedicadas a segunda vivienda. Esta votación fue promovida por varios grupos ecologistas, que justificaron la propuesta porque las zonas alpinas se están convirtiendo en un lugar idílico en la que pasar las vacaciones, y las personas que compran viviendas en algunas de estas localidades con este fin sólo las ocupan en Navidades lo que supone, según dicen, un alto coste en recursos.
Los suizos han aprobado que estas zonas turísticas tan sólo puedan dedicar, como mucho, el 20% de sus recursos urbanísticos para fines turísticos. En la actualidad, se estima que el 12% de las viviendas del país (unas 500.000) son empleadas como segunda residencia para fines vacacionales.