El Congreso rechaza endurecer el régimen de incompatibilidades

La Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso ha rechazado una proposición no de ley del BNG por la que se instaba al Gobierno a endurecer el régimen de incompatibilidades que se aplica actualmente a expresidentes y exministros. Con esta iniciativa, defendida por el diputado Francisco Jorquera, los nacionalistas gallegos pretendían impedir que se den casos como el fichaje de la exvicepresidenta Elena Salgado por parte empresas como "chilectra", filial del grupo Enersis, que agrupa negocios de Endesa en América Latina.

El partido planteaba la necesidad de revisar la regulación sobre conflictos de intereses de miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración para hacerla más exigente, por entender que la actual permite situaciones cuya "ética es discutible".

El diputado ha puesto en duda que estas personas puedan poner su "agenda de contactos" e "influencias" al servicio de los intereses de las empresas privadas, así como que puedan compatibilizar el cobro de retribuciones públicas y privadas. De ahí que propusiera ampliar la regulación con el fin de endurecer las exigencias "antes, durante y después" de cuando se ostentan responsabilidades públicas.

A favor de esta iniciativa se han pronunciado los diputados de Izquierda Plural y UPyD Laia Ortiz y Álvaro Anchuelo, respectivamente, por entender que es pertinente cuestionar la relación entre lo público y lo privado.

Ánchuelo, que ha incluido algunas "matizaciones" al texto original, ha opinado que en la actualidad se dan casos que provocan "escándalos sociales" y que conlleva falta de ejemplaridad. El parlamentario de Antoni Picó, de CIU, ha pedido que se reflexione más sobre esta cuestión y que se haga "sin demagogia y sin oportunismos".

Los socialistas no han respaldado la propuesta porque la actual ley es "estimable" y garantiza la transparencia frente a la opacidad, según Odón Elorza, quien ha propuesto reducir los sueldos de los parlamentarios, si se quiere dar ejemplo a la ciudadanía.

María Eugenia Romero, del PP, ha justificado la negativa de su grupo al señalar que la actual normativa es "más que suficiente" y ha acusado al BNG de presentarla para "aprovechar el tirón" que supone una propuesta de estas características.

La iniciativa fue rechazada por 4 votos favor, 36 en contra y dos abstenciones.