Los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, se reparten anualmente numerosas subvenciones que provienen del bolsillo de todos los españoles. Muchas de estas líneas de financiación se justifican con la participación sindical en procesos que tienen que ver sobre todo con la formación. La reforma laboral del gobierno, al "liberalizar" el mercado de la formación laboral, pone en riesgo las fuentes de ingresos que los sindicatos y la patronal han venido percibiendo tradicionalmente.
Lo primero que es necesario aclarar es que los sindicatos UGT y CCOO no reciben una única línea de subvenciones para su reparto entre sus distintas federaciones regionales. Como ellos mismos aseguran en ocasiones, cada uno de estos sindicatos recibe cada año del Gobierno central algo más de 7 millones de euros en forma de subvención directa a fondo perdido con el fin de sufragar sus gastos de funcionamiento.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que las dos centrales sindicales tienen una federación en cada comunidad autónoma, que a su vez se dividen en once secciones según el tipo de actividad (metal, banca, comercio, industria... etc.). Por tanto, la realidad es que hay 187 organizaciones sindicales que a su vez reciben las subvenciones oportunas por parte de cada comunidad autónoma. Por poner un ejemplo reciente, sólo la Junta de Andalucía subvenciona con 4,7 millones a cada uno de los dos sindicatos con fondos provenientes de la comunidad autónoma.
Aunque ni UGT ni CCOO hacen publicas sus cuentas anuales, el total recibido del Gobierno y las comunidades autónomas en forma de subvenciones directas está en torno a los 16 millones de euros para cada sindicato. Con el recorte del 20% de estas subvenciones recién decretado por el Ejecutivo, la merma para las arcas sindicales sólo por este concepto será superior a 3 millones de euros en cada central sindical.
La reforma laboral, por otra parte, introduce medidas de agilidad en la tramitación de los expedientes de regulación de empleo (ERE), que hará inútil en muchos casos la intermediación de los asesores sindicales. Teniendo en cuenta que Comisiones Obreras, según acredita en algunos de sus documentos oficiales, ingresa unos 20 millones en concepto de asesoramiento para negociaciones colectivas y ERE, la pérdida por este concepto sería también notable para el conjunto de las finanzas de cada sindicato.
Cursillos de formación
Pero las subvenciones recibidas de forma directa son sólo una parte minúscula del dinero que todos los españoles entregamos a los sindicatos. La parte mollar corresponde a los famosos cursos de formación, que los sindicatos, con la colaboración de la patronal, hasta ahora manejaban prácticamente en régimen de oligopolio.
La Fundación Tripartita, formada por UGT, CCOO y CEOE, encargada de gestionar los cursos de formación para el empleo, recibió en 2011 nada menos que 3.013 millones de euros, procedentes de las cuotas que se deduce en la nómina de cada empleado para formación profesional (2.000 millones en total) y de las aportaciones de fondos europeos y de las arcas del Estado para este mismo fin (1.000 millones más).
A esta cantidad hay que sumarle las cuantías que todas las comunidades autónomas destinan también a esta función y que, a su vez, son gestionadas por las tres organizaciones. Es cierto que se trata de subvenciones finalistas que van destinadas a un fin concreto, la organización de cursos. Como también lo es que las tres organizaciones subcontratan en muchos casos la realización de estos cursos, sobre los cuales pesan sospechas, en ocasiones alentadas por los propios sindicatos, acerca del buen uso de esa ingente cantidad de dinero.
Pues bien, la reforma laboral acaba con este oligopolio, de forma que las empresas privadas dedicadas a la formación también podrán organizar estos cursos e, incluso, los propios trabajadores, gracias a una especie de "cheque de formación", podrán elegir el destino de esos fondos que en ocasiones podrán ser gestionados por la propia empresa en la que prestan sus servicios a través de un número limitado de horas de formación cada año.
Pero, además, existe otra particularidad no suficientemente conocida, que tiene también que ver con la voracidad sindical para depredar fondos públicos con los más diversos motivos. Así, tanto CCOO como UGT, a través de sus numerosas franquicias, son habituales en las relaciones de entidades agraciadas con subvenciones para los fines más diversos.
Los dos sindicatos reciben subvenciones finalistas para actividades culturales, la cooperación internacional, la implantación de la ideología de género o la memoria histórica. En este último caso ni una de las subvenciones recibidas ha ido destinada a la localización o exhumación de fosas comunes, sino a la organización de muestras, seminarios, exposiciones, conferencias y actos reivindicativos similares con un contenido meramente ideológico.
Estas subvenciones, que podríamos denominar "extraordinarias" reportan a cada sindicato aproximadamente unos 25 millones de euros anuales. Con las reducciones presupuestarias que de forma general están llevando a cabo todas las administraciones, también en este apartado los sindicatos podrían ver sensiblemente disminuido el capital con que cada año han venido disfrutando.
En total, la aplicación de la reforma laboral y las restricciones presupuestarias en todos los órdenes, podrían tener como consecuencia una rebaja del dinero público que anualmente todos los españoles entregamos a los sindicatos superior a los 100 millones de euros para cada central sindical. Si a esa cantidad, calculada de forma bastante benévola, porque los recortes podrían ser todavía más drásticos, le sumamos la parte de esos 3.000 millones para formación que también pueden dejar de controlar en exclusiva, resulta evidente que el principal efecto de las decisiones del gobierno de Mariano Rajoy es un descenso brutal del dinero público que los dos sindicatos han venido manejando tradicionalmente en los últimos tiempos.
Otra cosa es que a la hora de justificar la convocatoria de una Huelga General, ni UGT ni CCOO prefieran no hacer alusión a estos pequeños detalles.