"El hombre de letras fue el jurista del pasado, el jurista del futuro tendrá que conocer la economía y la estadística". Con esta cita de Oliver Wendell Holmes, uno de los jueces del Tribunal Supremo de los EEUU más conocidos de su historia, Francisco Cabrillo, presidente de Libertad Digital, comenzaba este lunes la presentación de La economía de la administración de justicia, el libro que ha escrito junto a Sean Fitzpatrick y en el que analizan los tribunales españoles desde una óptica de capital importancia, pero muy pocas veces tocada, la de su coste y su influencia en las relaciones económicas del país.
Casi siempre, cuando uno piensa en derecho, justicia o tribunales, se le aparecen en la imaginación grandes volúmenes de leyes o largas sentencias. Mucho texto y pocas cifras. Sin embargo, la influencia de la administración de justicia en la vida económica es decisiva. Como recordaba Cabrillo en la sede del Consejo General del Poder Judicial, "es un mecanismo de asignación de recursos productivos de fundamental importancia". Cada día, las empresas y los particulares se ven afectados en sus relaciones económicas por los tribunales y no sólo por las sentencias que de ellos emanan, sino también como consecuencia de su propia estructura.
Por eso, los autores se preguntaban: "¿Cómo se podrían reducir los gastos y las dilaciones en los procesos judiciales? ¿Acelerar un procedimiento reduce las garantías de las partes? ¿Qué lógica tiene el sistema de apelaciones? ¿Debe mantenerse la condena al pago de las costas? ¿La regulación incentiva la litigación?". Como muchos españoles sabrán perfectamente, de la respuesta a estas preguntas no sólo se derivan consecuencias jurídicas, sino también económicas. Eso sí, alerta de que no será sencillo:
No son medidas que se puedan adoptar a corto plazo. Lo que hay que tener es un plan claro y que sea global [de reforma de la justicia]. El gasto no es lo más importante. Hay que replantearse dos temas: la organización interna de la justicia y las normas procesales que estamos usando, que en muchos casos dan origen a ineficiencias.
El propio Cabrillo recordaba que todos los índices internacionales sobre libertad económica y crecimiento unen la eficacia en la administración de justicia con la riqueza. Un país con unas leyes claras, unos tribunales eficientes y un buen mecanismo de aplicación de las sentencias tiene muchas más posibilidades de ser próspero:
Se puede establecer una correlación entre eficiencia de la administración de justicia y desarrollo. Lo que nos dicen los índices es que en los países más avanzados, la administración de justicia funciona mejor. Existe una correlación por los dos lados: los países avanzados tienen mejor administración de justicia y una mejor administración de justicia hace que se progrese más. Hay un caso claro que citamos a menudo en el libro, Singapur, un país que no tiene una gran tradición jurídica, pero que está estableciendo unos sistemas muy eficientes que hacen que funcione muy bien. Esto ha colaborado a que se haya convertido en un centro económico internacional muy importante.
Por eso, es imprescindible que España se embarque en una modernización de sus tribunales y juzgados, con cinco objetivos fundamentales que Fitzpatrick ha enumerado:
- Simplificar los procedimientos: teniendo siempre en cuenta que la complejidad puede generar un uso torticero del sistema, en el que se busque no tanto una resolución favorable como un alargamiento del proceso.
- Simplificar el derecho: algo que tendría dos efectos directos de singular importancia. Por un lado, reduciría los costes y la duración de los procesos; por otro lado, provocaría que menos asuntos llegasen a los tribunales.
- Cambiar la estructura de las tasas judiciales: está claro que si suben, se reducirá el número de los pleitos, aunque hay que manejar esto con cuidado, para no poner en peligro la tutela judicial efectiva. Fitzpatrick propone para resolver este problema una tasa exponencial, que crezca según se alarga el proceso.
- Usar administradores profesionales: algo que ya se hace en EEUU en muchas áreas del sistema judicial.
- Competencia en el mercado de servicios jurídicos: dando entrada a otro tipo de profesionales que no tengan que ser necesariamente abogados.