El Instituto de Crédito Oficial (ICO) aportará 7.000 millones de euros, ampliables a 10.000 millones, al mecanismo diseñado por el Gobierno para facilitar préstamos a las administraciones públicas para que puedan hacer frente a las deudas pendientes con proveedores.
Fuentes del Ministerio de Economía y Competitividad han explicado que el ICO financiará así parte de los préstamos sindicados por valor de hasta 35.000 millones que se canalizarán a través del fondo habilitado por el Gobierno para poner en marcha este mecanismo.
Además, el ICO no solo financiará parte de los préstamos, sino que se convertirá en mediador entre el Ministerio de Hacienda y los ayuntamientos y comunidades autónomas, ya que será el que reciba la información que certifique la autenticidad de los acreedores.
El ICO recibirá esta información de los proveedores y se la enviará a las entidades financieras que quieran participar en el proceso. Además, se encargará de informar al Departamento dirigido por Cristóbal Montoro y a los propios ayuntamientos y comunidades autónomas.
Los préstamos habilitados a través del fondo estarán avalados por el Tesoro Público que, a su vez, contará con la contragarantía de la Participación en los Ingresos del Estado de los ayuntamientos.
Cada préstamo tendrá una duración de cinco años con dos de carencia, durante los cuales las entidades locales solo pagarán los intereses. Sin embargo, el plazo de que disponen los ayuntamientos para devolverlo será de diez años, con dos de carencia, mediante un mecanismo de refinanciación que realizará el Fondo para la Financiación.
El coste del crédito será el equivalente al de otras operaciones avaladas por el Estado, con un recargo máximo de 115 puntos básicos sobre el del Tesoro. En la actualidad, el interés rondaría el 5%.
Estas características, según el Gobierno, hacen que las operaciones sean atractivas para las entidades financieras aunque resulten baratas para los ayuntamientos y comunidades, gracias al aval del Tesoro y al elevado interés.
Tanto los ayuntamientos como las comunidades autónomas podrán acceder a estos préstamos, aunque los plazos marcados son distintos porque el mecanismo se diseñó inicialmente para los consistorios, aunque después se extendió a las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), informa Europa Press.
Participación mayoritaria de bancos
En este sentido, las mismas fuentes han explicado que los ayuntamientos tienen hasta el 15 de marzo para enviar al Gobierno la información sobre las deudas pendientes de pago, mientras que las comunidades podrán hacerlo hasta finales de abril.
El mecanismo de pago, que según el Gobierno supone una operación de financiación muy compleja y sin precedentes, ha tenido una acogida general muy positiva, por lo que el Ejecutivo espera una participación mayoritaria del sistema bancario.