El Gobierno argentino ha solicitado a YPF que se proponga a la Asamblea de accionistas de la filial de Repsol que con los dividendos de 2010 y 2011 se constituya una reserva adicional para inversiones, exploración y explotación de hidrocarburos.
YPF, en la que Repsol cuenta con una participación cercana al 55%, celebró este jueves reunión de su Consejo de Administración, a la que acudieron como representantes del Gobierno argentino el secretario de Energía, Daniel Cameron, el viceministro de Economía, Axel Kiciloff, que no son miembros del órgano rector, y el representante del Estado en el consejo, Roberto Baratta, según informa la prensa local.
En su reunión, el consejo de YPF aprobó "por mayoría" los estados contables del ejercicio 2011, en el que la petrolera registró un beneficio neto de 5.296 millones de pesos (unos 922 millones de euros), informó la compañía en un comunicado a la Bolsa de Buenos Aires. Sin embargo, la votación de las cuentas anuales de la compañía petrolera contó con la negativa del representante del Gobierno argentino.
En lo que respecta al dividendo, YPF indica en su comunicado que se encuentra evaluando "las diversas alternativas disponibles en relación con la imputación de los resultados no asignados para su presentación a la Asamblea General de Accionistas". Así, señala que estima necesario "contar con un plazo adicional" que le permita llevar a cabo "un análisis detallado", con el objeto de formular la propuesta que propondrá a los accionistas.
Viaje de Soria
Los problemas de YPF con el Gobierno argentino motivaron que la pasada semana el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, viajara a Buenos Aires para celebrar una reunión urgente con el ministro argentino de Planificación, Julio de Vido. En su viaje, Soria recibió garantías para la creación de sendos grupos de trabajo en Argentina y en España para estudiar la situación de YPF y buscar fórmulas para acercar posiciones. Así, Soria, aseguró que "no tenía ningún temor a una posible nacionalización de YPF" ante la situación creada entre el Gobierno argentino y Repsol.
El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner acusa a YPF de no cumplir las inversiones en el país y ha llegado a prohibir las exportaciones de gas de la empresa por una deuda de 8 millones con el fisco. Además, el representante del Estado se había negado a participar en la anterior reunión del consejo de YPF después de que la empresa no dejase entrar a sus acompañantes.
La nacionalización genera dudas no solo acerca de los resquicios legales que podrían justificarla, ya que YPF es una compañía privada, sino también acerca del daño de la medida para la imagen del país y de la seguridad de las inversiones internacionales.