¿Cuántas reuniones han mantenido los sindicatos con el Gobierno para tratar de enmendar, por los cauces reglamentarios, la reforma laboral? ¿Qué propuestas al respecto han elaborado para que los grupos políticos puedan tenerlas e incluirlas como enmiendas durante la tramitación parlamentaria de la reforma? Que conozcamos, ninguna. A los sindicatos, el contenido en sí de la reforma no les importa ni un ápice; ellos solo están buscando el enfrentamiento con el Gobierno, por otras razones, y, de seguir así, pueden estar a punto de conseguirlo.
La primera cuestión con todo esto de las movilizaciones y las amenazas de huelga general no es otra que meter presión al Ejecutivo a favor de aquello de lo que verdaderamente está hablando con él: los 7.500 millones de euros anuales de los cursos de formación profesional que se reparten todos los años con la patronal y que sirven, en última instancia, para engrasar la maquinaria financiera de las huelgas, las movilizaciones y cualesquiera otras actuaciones sindicales en la calle. Con la reforma laboral, el Gobierno ya empezó a dejar ver sus intenciones al respecto.
Ese dinero de los cursos de formación, que, en buena parte, procede de la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo, dista mucho de estar empleándose en su verdadero fin, que no es otro que preparar a los trabajadores españoles para poder encontrar un empleo, el de cualificarlos adecuadamente para poder afrontar los retos derivados tanto de la crisis, con la desaparición del sector de la construcción, como de la
globalización. En realidad, a lo que se destina en muchas ocasiones es a engrosar las cuentas corrientes de quienes organizan e imparten los cursos y las arcas de los sindicatos. El Ejecutivo, harto de ello, quiere empezar a poner orden en toda esta cuestión, empezando por los presupuestos de 2012 y, como es lógico, los sindicatos se oponen. Sus movilizaciones, ahora, no son por el empleo, son por sus dineros.
En segundo término, los sindicatos quieren cargarse la reforma laboral no porque sea mala para la economía española, que no lo es, sino porque con la descentralización de la negociación colectiva, y con la forma que ha tenido el Gobierno de sacar adelante lo que los sindicatos no han querido pactar, les ha convertido en figuras irrelevantes en el entramado político-institucional de nuestro país, y las centrales no están dispuestas a pasar por ello. Quieren, ni más ni menos, que el Ejecutivo retire la reforma y que empiece de nuevo a elaborarla pero con ellos sentados en la mesa de negociaciones y teniendo poco menos que la última palabra en todos estos asuntos, despreciando por completo la legitimidad democrática del Gabinete para hacer lo que está haciendo, que no es otra cosa que intentar sacarnos del profundo agujero en el que nos han metido, entre otros, estos mismos sindicatos.
Por supuesto, estos fines sindicales son inconfesables y tratan de ocultarlos con su verborrea habitual sobre lo social, en un ejercicio sin límites de cinismo y desvergüenza que llega hasta el punto de querer manipular a las víctimas del 11-M para sus propios objetivos. Si yo fuera el Gobierno, ya empezaría a redactar el borrador de esa ley de huelga de la que los sindicatos no quieren oír ni hablar, por lo que se le pueda venir encima a partir de ahora.
El Sr. González es profesor de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid, periodista y miembro del panel de Opinión de Libertad Digital.