No sé lo que hará el Gobierno a finales de marzo, cuando presente los Presupuestos Generales del Estado de este año, para reducir el abultado déficit público que ha heredado del zapaterismo. Se puede especular con nuevas subidas de impuestos, con recortes del gasto por ministerios, con menores transferencias a las autonomías para forzar a éstas a pisar el acelerador del ajuste, con la desaparición de determinadas políticas, o con una combinación de todo esto y más. Con ello, sin duda, podrán salvar
este ejercicio, teniendo en cuenta que la Unión Europea urge a España a que presente cuanto antes su proyecto de cuentas públicas para 2012 y ver, de esta forma, hasta dónde llega el compromiso del Ejecutivo de Rajoy con el ajuste fiscal, y que con esas urgencias y con el poco tiempo que lleva el PP en el poder posiblemente no se pueda hacer otra cosa a corto plazo. Así es que esa estrategia podría valer para salir del paso.
No obstante, los problemas presupuestarios de nuestro país tienen una naturaleza estructural y es en ese terreno donde se debe incidir para cerrar la crisis fiscal de forma definitiva. ¿Qué quiero decir con ello? Que en España tenemos un sistema de descentralización administrativa que es de locos. Las autonomías han hecho lo que les ha venido en gana, han asumido competencias que ni siquiera les correspondían, han duplicado sus competencias con las del Estado, en definitiva, se han dedicado a convertirse en pequeños estados dentro del Estado, con todo lo que ello implica y, de esta forma, no han hecho más que absorber más y más recursos públicos, en muchos casos para dilapidarlos en cosas y políticas totalmente innecesarias. Y con los ayuntamientos ocurre tres cuartos de lo mismo.
Resolver la actual crisis presupuestaria de nuestro país implica no sólo tomas medidas de contención del gasto. Implica, ante todo y sobre todo, refundar el modelo de Estado. ¿De qué forma? Definiendo claramente cuáles son las competencias de cada nivel de la Administración para que nadie asuma las que no le corresponden, dejando claro que la finalidad de la descentralización administrativa es la provisión de servicios públicos al ciudadano de forma más eficiente, no la creación de unidades políticas autónomas; dejando igualmente claro cuáles son las fuentes de financiación de cada competencia y de cada nivel de la Administración sin que nadie pueda gastar más acudiendo al Estado. Estos son, ‘grosso modo’ los principios de lo que se conoce en la literatura económica como federalismo fiscal, que es el modelo que debe sustituir al Estado de las autonomías.
¿Qué, con ello, no tiene cabida el nacionalismo? Pues que no la tenga. Lo que no podemos es seguir como estamos y volver dentro de unos años a vernos en una situación tan grave como la actual y tan cara para el contribuyente. Si el PP quiere de verdad resolver nuestros problemas presupuestarios, o apuesta por el federalismo fiscal, con todo lo que ello implica, o no lo conseguirá.