La Comisión Europea ha lanzado este lunes un ultimátum contra España por no haber incorporado a su legislación nacional la normativa de la UE que liberaliza los mercados del gas y la electricidad, pese a que el plazo para hacerlo venció el 3 de marzo de 2011.
El ultimátum se produce a través de un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción. Si en el plazo de dos meses el nuevo Gobierno español no ha traspuesto la legislación comunitaria, el Ejecutivo comunitario podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE.
La normativa en cuestión obliga a la separación de las redes con el fin de garantizar el acceso de los operadores al mercado, refuerza la independencia y las competencias de las autoridades reguladoras nacionales y facilita a los consumidores la posibilidad de elegir entre diferentes empresas proveedoras de gas y electricidad.
El Ejecutivo comunitario estima que la liberalización total del sector del gas y la electricidad en la UE y el fin de las barreras nacionales generaría un crecimiento adicional de entre el 0,6% y el 0,8% en el PIB comunitario de aquí a 2020.
España no ha comunicado a la Comisión ninguna medida para incorporar la normativa a su legislación nacional. El dictamen motivado afecta además a Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Luxemburgo, Países Bajos, Rumanía y Estonia. Este último país sólo ha traspuesto la directiva sobre el gas pero no la de electricidad.