No es difícil entender que los impuestos reducen la actividad económica. No sólo desincentivan la creación de riqueza, sino que destruyen aquellos negocios cuya rentabilidad podría ser suficiente de no tener que incorporar este gasto. Pero se entiende peor el papel destructor que tiene la regulación, que en muchos casos puede ser mucho más pernicioso que los propios tributos.
En general, cada regulación tiene un objetivo, una buena intención, que la mayoría podría suscribir. Sin embargo, a cada una de ellas se le suma otra, y luego otra más, hasta formar volúmenes de legislación que las empresas deben cumplir pese a que en la mayoría de los casos ni siquiera pueden conocer todas las disposiciones que les afectan. Supone un papeleo interminable, gastos en asesores, gestores, y los propios de cumplir con cada una de las obligaciones regulatorias. Y eso sin contar con las posibles iniciativas que murieron antes de nacer porque tal o cual disposición lo impedían, en muchos casos sin pretenderlo, como daño colateral.
De ahí que toda iniciativa encaminada a reducir la regulación sea bienvenida. La decisión del Gobierno de unir ocho entes reguladores –todos menos los encargados del mercado financiero– es por tanto una buena noticia no tanto en sí como por lo que puede suponer en el futuro: un conjunto de reglas más pequeño, más previsible y menos dispar entre distintos sectores económicos. Al margen del cambio que supone ver políticos en tarea de Gobierno renunciando a sabrosos y bien remunerados puestos para los suyos, que siempre es de agradecer.
La iniciativa en todo caso se queda coja en un país en que prácticamente cada autonomía tiene una pequeña réplica regional de muchos de los entes reguladores ahora fusionados. Si para una empresa internacionalizarse es un problema por la necesidad de adaptarse a la legislación de cada país en los que pretenda implantarse, en España muchos sufren un problema similar simplemente por extenderse a otras comunidades autónomas. Si el objetivo es simplificar la regulación y ahorrar dinero, exterminar estos parasitarios organismos debería ser aún más prioritario.
El anteproyecto de ley que ha aprobado este viernes el Gobierno, por tanto, va en la buena dirección. Si queremos salir de la crisis, el Estado debe reducirse no sólo en tamaño y coste para los ciudadanos, sino también en presencia allí donde no hace más que estorbar. Esperemos que esta reducción de organismos reguladores sea tan sólo el punto de partida de la medida verdaderamente importante: la desregulación de los mercados españoles.