Un economista rumano, Mihail Manoilesco, que tuvo bastante prestigio en la década de los treinta, defendió, para organizar bien una economía nacional, un proteccionismo industrializador –léase la dura crítica a ello de Viner en Weltwirtschaftliches Archiv, 1932 y también fue dura la de Ohlin y que se difundió en francés con el título de Theorie du protectionismo et de l’change internationale (1929). A ello añadió las tesis del corporativismo, que vinculaban el trabajo y el capital y los diversos sectores productivos entre sí, y finalmente, la armonía total la tenía que proporcionar un partido único.
El corporativismo se vino al suelo conforme avanzó la teoría de la competencia imperfecta. Stackelberg pasó a trabajar en ésta, precisamente para contemplar si era posible ofrecer esa base corporativa, del partido fascista italiano, al nacionalsocialismo. Exactamente lo que obtuvo con su Marktform und Gleichgewcht fue todo lo contrario.
Ese trío de Manoilesco –su libro sobre el partido único fue traducido durante nuestra Guerra Civil al español por Jornada de Pozas en Zaragoza- en España tuvo influencia hasta 1959, dentro de la política económica que se ligaba con el sindicalismo vertical. A partir de ahí se percibió cómo precisamente las aportaciones de la teoría de la competencia imperfecta hacían abandonar aquel primitivo planteamiento.
Pero ahora, con motivo de la reforma del mercado del trabajo, ha surgido la idea de que eso deberían organizarlo coordinadamente las grandes organizaciones laborales –UGT y Comisiones Obreras- y empresariales, la CEOE. Sería volver atrás. Es el Estado, a través de sus poderes, al que corresponde reorganizar el mercado laboral, no de acuerdo con empresarios y sus organizaciones y con los sindicatos obreros, sino pensando exclusivamente en el interés nacional de España. Una crítica de esta tendencia la publicó, con un agudo comentario, José Barea, en Autogestión, diciembre 2007, en un artículo titulado "Hacia el sindicalismo vertical".
Además, a poco que se recuerden cosas del monopolio bilateral y de sus consecuencias, quedará evidenciado que ése no es el camino que nos interesa. Por eso, ha hecho muy bien el Gobierno, huyendo del corporativismo, en el reciente decreto ley de ordenación del mercado del trabajo.
Naturalmente van a seguir existiendo –y deben existir- sindicatos obreros y organizaciones empresariales. Pero cuidado con entregarles un poder que sólo pertenece al Estado: al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial, entendiendo mal la orientación que se señala el artículo 7 de la Constitución. El economista Paul Volcken indicaba hace un par de años que si para salir de la crisis actual sólo nos centramos en el repunte del consumo, "vamos de cabeza hacia la siguiente crisis". Pues lo mismo ocurrirá en España si para resolver el problema de la rigidez del mercado laboral nos quedamos sólo en aquello que pacten sindicatos y organizaciones empresariales.