Montesquieu, ese señor antiguo y demodé al que enterró Guerra durante el primer mandato del PSOE, identificó un principio básico e imprescindible del Estado de Derecho: la separación de poderes. Pero la izquierda, siempre incómoda ante cualquier freno a su voluntad, parece tener en su ADN la alergia a todo lo que no sea imponerse. En España, donde por nuestro deficiente diseño institucional poder legislativo y ejecutivo están ya unidos, sus esfuerzos han ido enfocados hacia el sometimiento de jueces y tribunales.
La labor socialista de convertir la Justicia en una rama más de su poder ha venido por dos vías. Desde arriba se modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial, llevando a que la cúpula del poder judicial fuera un reflejo de la composición del parlamento, del mismo modo que el Gobierno es elegido por votación del poder legislativo. Pero aun así la mayor parte del poder judicial, los jueces que lidian día a día con los problemas de los ciudadanos, que enjuician a los ladrones de poca monta, que intervienen en el despido del empleado de una pyme, que resuelve quien tiene razón en la disputa de un contrato, quedaban fuera del control político.
De modo que la vía ha sido politizar a los jueces y convertirlos en agentes políticos mediante el llamado "uso alternativo del derecho". Así, protegidos desde las altas instancias, un buen número de jueces ha abandonado su labor, que es aplicar la ley aprobada por el poder legislativo, para hacer justicia a su buen saber y entender mediante el llamado "uso alternativo del Derecho", que no es otra cosa que su violación en nombre de un bien considerado superior, que no es otro que la ideología socialista.
Ningún ente de ningún tipo ha representado mejor esta perversión durante el periodo democrático que la asociación Jueces para la Democracia. Un buen ejemplo lo tenemos en el último comunicado que han evacuado contra la reforma laboral. Al margen de sus erróneas ideas y conclusiones, sorprende que quienes han de aplicar una ley se dediquen a informar públicamente de su indignación ante la misma. Algún malpensado podría llegar a pensar que quizá, sólo quizá, alguno de estos jueces se comporte más como un manifestante del 15-M que como magistrado cuando le toque el turno de lidiar en su juzgado con el caso de algún despido. Pero no hay que preocuparse; ni siquiera hay que pensar mal. Lo dejan bien claro ellos mismos al decir, por un lado, que la reforma es "inconstitucional" y, por otro, que continuarán "aplicando las leyes laborales conforme a los principios y valores constitucionales". Más claro, agua.
La principal crítica que desde Libertad Digital hemos hecho hacia esta, por otro lado, excelente reforma es que no modifica lo suficiente el statu quo. Y en él se incluyen, por encima de todas las cosas, los jueces de lo laboral, que son conocidos por actuar más movidos por la letra de la Internacional que por los textos legales. Este cáncer se habría curado mediante un contrato único con una única indemnización al margen del motivo del despido. Los empresarios deberán saber que, aunque la ley diga una cosa, viven bajo el riesgo de caer ante uno de estos Jueces para la Democracia dispuesto a hacer lo que sea con tal de encontrarlo culpable de todos los males del universo.
El Consejo General del Poder Judicial debería actuar contra los autores de este comunicado para apartarlos de la mera posibilidad de juzgar un caso de la jurisdicción laboral. Pero, naturalmente, también está formado por miembros acostumbrados al uso alternativo del Derecho. La única esperanza es que la actitud de estos magistrados fuerce al Gobierno a dar ese paso al que no se ha atrevido con la reforma laboral: el contrato único. Ese "derecho al trabajo" que se cita en nuestra constitución así lo exige, porque tenemos cinco millones de parados, detalle que parecen olvidar quienes defienden las ideas que nos han llevado a esta dramática situación.