El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto para recortar el sueldo de los directivos de empresas públicas y reducir el número de consejeros. Así, según ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, los directivos de las grandes empresas públicas cobrarán, como máximo, un sueldo básico de 105.000 euros al año; de 80.000 euros en caso de las de tamaño medio; y de 55.000 en el caso de las pequeñas.
Sobre estas bases, se aplicarán complementos en función del puesto ocupado, que fijará el Ministerio de Hacienda, y una retribución variable "absolutamente ligada" al cumplimiento de los objetivos de la sociedad, que también establecerá Hacienda. Además, el Gobierno elimina la retribución en especie (vivienda, manutención, seguros de vida, etc.) que superen el límite fijado.
Sáenz de Santamaría ha explicado que con este decreto se topa el máximo de la retribución en su conjunto, se vinculan las retribuciones variables a "objetivos muy estrictos" y se acaba con la "práctica habitual" que suponían las retribuciones en especie. "Las cantidades no pueden rebasarse con ningún otro tipo de retribuciones", ha subrayado la portavoz del Gobierno, quien ha asegurado que el real decreto supone "un paso más" en la política de austeridad y de contención del gasto.
De este modo, la reducción media de estos sueldos públicos oscilará entre el 25% y el 30%, según la estimación del Ejecutivo. Sáenz de Santamaría ha puesto varios ejemplos y ha dicho que, con la entrada en vigor del real decreto, el presidente de SEPI sufrirá una bajada de sueldo del 27%, mientras que el consejero delegado de Navantia verá rebajado su sueldo en un 28% aunque mantenga el porcentaje de retribución variable que percibe en este momento. En el caso de Hunosa, la bajada será del 23%.
Por otro lado, también se limitará el número de consejeros en estas sociedades: las grandes sólo podrán contar con un máximo de 15 consejeros; las medianas de 12; y las pequeñas de 9. En total, el Gobierno estima que esta medida supondrá la desaparición de 100 consejeros del sector público empresarial.
En este sentido, la portavoz gubernamental ha puesto otro ejemplo y se ha referido a Tragsa, la empresa de actuaciones de protección de la naturaleza y desarrollo, que actualmente cuenta con un consejo de administración de 22 miembros y que, con el cambio, no podrá contar con más de 15 miembros.
No especifica el ahorro estimado
Preguntada por el ahorro que supondrá la entrada en vigor del real decreto, Sáenz de Santamaría no ha querido especificar el ajuste del gasto, aunque sí ha dicho que supondrá al menos un ahorro de un millón de euros solo en concepto de dietas.
En cualquier caso, ha dicho que con este real decreto el Gobierno pretende potenciar tres principios fundamentales: la transparencia, la homologación de criterios a la hora de fijar las retribuciones y los límites a dichas retribuciones, "sensiblemente inferiores" a los de los directivos del sector privado, pero lo "suficientemente razonables" en momentos de austeridad.