Los sindicatos tienen el derecho legal a protestar por la reforma laboral que acaba de aprobar el Gobierno del PP, pero hace mucho que perdieron el derecho moral a hacerlo. El Ejecutivo de Rajoy les ofreció la posibilidad de que fueran ellos, junto con la patronal, quienes decidieran el contenido de los cambios en la normativa laboral, de acuerdo con los objetivos que se proponía alcanzar el Gabinete. Sin embargo, UGT y CCOO optaron por encastillarse en sus posiciones, decir que no veían razón alguna para proceder a nuevos cambios en el mercado de trabajo y retar al Gobierno a que se atreviera a legislar. Con ello demostraron una enorme falta de inteligencia. El Ejecutivo tenía muy claro lo que quería conseguir, teniendo en cuenta cuántas empresas están desapareciendo en este país y, con ellas, cuántos puestos de trabajo; cuánta competitividad se ha perdido a causa de los mecanismos de negociación colectiva, etcétera.
En este contexto, si los sindicatos hubieran sido hábiles, le hubieran propuesto al Ejecutivo, por ejemplo, un contrato de crisis con una indemnización por despido de 20 días por año trabajado o fórmulas para mantener la negociación colectiva centralizada y, a la vez, facilitar el descuelgue de los convenios de las empresas con dificultades. Sin embargo, no lo han hecho así porque su actitud no es de colaboración con el PP, sino de tratar de derribarlo del poder lo antes posible. Ya lo demostraron el año pasado con las huelgas políticas que le convocaron a Esperanza Aguirre en Madrid y ahora seguían en esa misma línea, pensando que Rajoy y los suyos se iban a acorbardar, pero se han equivocado de plano. Perdida esa oportunidad, ahora no tienen razón alguna, desde el punto de vista moral, para protestar.
Los cambios que ha introducido el PP no les gustan en absoluto por simples cuestiones ideológicas. Ellos siguen anclados en ese concepto marxista de la plusvalía del trabajo y de su apropiación por parte del empresario, sin entender que sin empresa no hay empleo, y siguen pensando que, en caso de despido, el trabajador tiene derecho a llevarse una parte de la empresa, en forma de indemnización, porque ésta se ha apropiado de su plusvalía. El resultado de esta manera de entender las cosas ya se vio en anteriores crisis, con un sinfín de empresas que se podrían haber salvado de no haber sido por las abusivas compensaciones a los despedidos que tuvieron que pagar.
Los sindicatos querían seguir en esta dinámica, pero esta dinámica es imposible porque nos deja sin emprendedores. Además, hay otra forma de ver las cosas, más sensata y más acorde con la realidad: un trabajador tiene un empleo porque alguien tiene una idea y arriesga sus medios y dedica su tiempo a sacarla adelante. El premio para quien arriesga no es otro que el beneficio porque el riesgo tiene que tener su recompensa, lo mismo que la merece también quien genera empleo. Esa recompensa sale de eso que Marx denominó la plusvalía del trabajo porque sin empresarios no hay empleos, pero nuestros sindicatos patrios no quieren entenderlo así.
De la misma forma, los sindicatos no quieren la reforma que ha aprobado el PP por lo que les supone de pérdida de poder político. La negociación descentralizada supone recortar de forma drástica su influencia sobre la economía y la sociedad y, además, debería obligar a que los liberados sindicales estuvieran en la empresa, en vez de estar trabajando en y para el sindicato pero pagados por las empresas. Sin liberados, o con éstos teniendo que estar dedicados a los asuntos propios de la empresa, ya no es tan fácil convocar huelgas y manifestaciones. Sin negociación colectiva centralizada, las grandes estructuras políticas sindicales se vuelven irrelevantes porque ya no tienen que discutir con el Gobierno ni con la patronal, sino con todos y cada uno de los empresarios de este país, y eso ya no da tanto poder.
Si los sindicatos querían conservarlo, tendrían que haber pactado ellos la reforma, en lugar de jugar a tratar de quemar al PP. No lo hicieron y ahora tendrán que pagar el precio correspondiente, bien aceptando lo aprobado por el Consejo de Ministros, bien embarcándose en un enfrentamiento suicida con el Gobierno, que puede acabar con ellos. Mejor sería para ellos que se callaran, visto lo visto.