No cabe esperarse del Gobierno de Rajoy, mientras no le obliguen a ello, grandes cambios de paradigma, sino reformas más o menos profundas dentro del statu quo. Una vez aceptada esta realidad, no cabía esperar que diera la vuelta por completo al mercado laboral introduciendo una completa libertad para contratar y ser contratado o que implantara un contrato único con una indemnización por despido que no dependiera de si un juez lo considera procedente o no.
Si tenemos eso en cuenta, lo cierto es que la reforma laboral cumple con las expectativas. En un primer examen, parece resolver los dos problemas más acuciantes del mercado de trabajo: el coste del despido y la rigidez impuesta por los convenios colectivos, más propios de una atrasada economía industrial sindicalizada que de una moderna basada en los servicios. Lo hace a su modo, manteniendo oficialmente el despido improcedente y los convenios, pero eliminando en la práctica su uso, o al menos limitándolo extraordinariamente.
Así, casi lo de menos es la reducción de la indemnización por despido improcedente de 45 a 33 días por año trabajado, y de 42 a 24 mensualidades. Lo importante es que los empresarios deberán justificar todos los despidos y sólo podrán despedir por motivos objetivos, que se han ampliado y precisado para evitar que los jueces se tomen demasiadas libertades. Si los motivos aducidos por la empresa son falsos, será el trabajador el que deba acudir a los juzgados, a sus expensas, para intentar recibir la indemnización más alta. Hasta ahora casi todos los despidos eran improcedentes aunque tuvieran causas objetivas, porque las empresas preferían evitarse líos; a partir de esta reforma casi todos serán procedentes. Además, se eliminará la autorización previa para los ERE –reliquia que sólo Grecia compartía con nosotros–, lo que en la práctica los equipara a los demás despidos.
Del mismo modo, aunque no se eliminan los convenios, se permite por fin que las empresas se descuelguen y negocien con sus trabajadores un acuerdo que satisfaga a las partes concernidas, y no a sindicatos y patronal. Y en aquellos sectores muy concentrados en unas pocas empresas o en una sola se reduce a dos años el periodo de la llamada "ultraactividad" del convenio, es decir, el tiempo que permanece en vigor una vez expirado, lo que reduce enormemente el poder de los sindicatos.
Al margen de esto, y pese a que Fátima Báñez le haya querido dar mucho más importancia que a los cambios realmente importantes de esta reforma, ni la formación en el trabajo, ni el contrato indefinido para emprendedores, ni la limitación al encadenamiento de contratos temporales tendrán previsiblemente demasiado efecto, ni para bien ni para mal.
Tras esta reforma, los demagogos de izquierda y derecha clamarán contra el Gobierno aduciendo que no abarata el empleo sino el despido. Pero es de primero de economía que las barreras de salida son barreras de entrada; un precio del despido demasiado alto es un incentivo para contratar el menor personal posible. Para entenderlo, y salvando las distancias, es lo mismo que sucedería en las relaciones sentimentales: si para empezar a quedar con una posible pareja fuera obligatorio casarse antes nadie lo haría salvo en caso de extrema necesidad. Por una vez podemos decir en Libertad Digital que una reforma laboral no sólo va en la dirección adecuada sino que recorre buena parte del camino. Aunque la situación económica impedirá que sus efectos se vean a corto plazo, cabe esperar que no vuelva a ser necesario que España crezca al 3% para que se reduzca el paro.