Hace unos días, el nuevo Ejecutivo aprobó un Real Decreto Ley mediante el cual se suprimían las subvenciones a las tecnologías que producen electricidad en el régimen especial (principalmente renovables y cogeneración con gas). Conviene aclarar que este nuevo paradigma legal no impide ni prohíbe la instalación de nuevas centrales de energías renovables, sino que elimina la política de subvenciones a la producción de electricidad mediante el uso de estas tecnologías. Por tanto, es rotundamente falso que exista una "moratoria renovable" como se ha venido repitiendo hasta la saciedad en los medios de información.
El gobierno adoptó esta drástica decisión en el marco de su política económica de ajustes para tratar de llevar a buen puerto el problema del déficit de tarifa eléctrica y los elevados costes en los que incurre el sistema eléctrico español, en buena parte causa de las políticas de despilfarro en materia energética llevadas a cabo durante los últimos ocho años. Recordemos que, a falta de los datos correspondientes a 2011, el déficit eléctrico supera los 24.000 millones de euros sin que, hasta ahora, se hubiera tomado medida alguna para solucionar esta sangría. Pero vayamos por partes.
Según los últimos datos de la Comisión Nacional de la Energía, los consumidores domésticos pagamos en concepto de peajes 5,27 céntimos de euro por cada kWh que consumimos. La realidad es que los costes del sistema eléctrico español son tales que deberíamos pagar 6,98 céntimos de euro por cada kWh. Por tanto, cada vez que en nuestras casas consumimos un kWh estamos incurriendo en un déficit de 1,71 céntimos de euro que se va acumulando hasta haber pasado de los 24.000 millones de euros arriba mencionados. La conclusión es que el recibo de la luz debería subir en torno a un 20 por ciento para no seguir acumulando déficit.
Los costes provisionales del sistema durante 2011 ascendieron a 14.500 millones de euros, de los cuales 6.500 millones correspondieron a subvenciones al régimen especial y, específicamente, 4.700 millones a subvenciones a las energías renovables. Todo esto condujo a un déficit provisional de 3.500 millones de euros que, además de vulnerar la legislación vigente, ha de sumarse a los 24.000 millones ya existentes. Hay varias lecturas de estos números infames: la primera es que si las subvenciones al régimen especial no existieran, no habría déficit tarifario (habría, de hecho, superávit). La segunda es que si las subvenciones no existieran, los costes del sistema serían de 3,32 céntimos de euros por cada kWh consumido. ¡Un 52 por ciento menos!
Ahora bien, ¿sirven las medidas de retirada de primas del gobierno para solucionar este problema? La respuesta es que no, pero sirven para que el problema no se siga agravando año tras año. La nueva legislación no tiene carácter retroactivo, es decir, las instalaciones que cobraban las primas las seguirán recibiendo durante casi 30 años. Por tanto, las subvenciones que los españoles pagamos a razón de unos 7.000 millones de euros cada año, seguirán teniendo este montante de forma inevitable. El problema no se agrava, pero sigue ahí. Por tanto, la retirada de las primas a las energías del régimen especial no soluciona el problema del déficit de tarifa, que tiene una única vía de solución: seguir aumentando los peajes que pagamos los consumidores, es decir, seguir aumentando el recibo de la luz.