La reforma del mercado de trabajo que acaba de aprobar el Gobierno marca un antes y un después en el proceso de modernización de las relaciones laborales en España que se inició a principios de la década de los 90. El texto al que ha dado el visto bueno el Consejo de Ministros supone un contrapunto muy importante a lo que hasta ahora venía siendo la tendencia general en los cambios del marco institucional laboral ya que, por primera vez, lo que se tiene en cuenta es lo que debería ocupar el centro de todo este asunto: la empresa.
Sin empresas no hay puestos de trabajo. Si se siguen destruyendo empresas, seguirán perdiéndose empleos sin posibilidad alguna de recuperarlos a corto plazo. Si fuera tan fácil ser empresario, aunque sea bajo la forma de trabajador autónomo, o crear y mantener una empresa, en este país no habría 5,4 millones de parados. Pero lo cierto es que eso no es tan sencillo. Si, además, se tiene en cuenta que el tamaño medio de la empresa en este país es de 7,5 trabajadores, con ello se percibe inmediatamente hasta qué punto es importante que el marco de relaciones laborales en España piense en la empresa y sus necesidades.
Pues bien, esto que parece de sentido común, hasta ahora no lo era. Por el contrario, todo eran derechos y más derechos para los trabajadores y ninguna posibilidad de que la empresa pudiera contar con la flexibilidad suficiente para poder sobrevivir en tiempos de crisis a cuenta de ello.
Así se explica que ahora tengamos 5,4 millones de parados y que la cifra siga subiendo. Por ello, creo que la primera cosa positiva que tiene la reforma que acaba de aprobar el PP es que, por primera vez, es racional y piensa en la empresa y, al hacerlo, piensa en salvar muchos empleos.
La reforma, por supuesto, no es perfecta, pero su contenido es valiente y avanza en la buena dirección. Es valiente porque, por primera vez, rompe con tabúes establecidos que han hecho mucho daño al empleo en España, como la centralización de la negociación colectiva, la ultractividad de los convenios, la movilidad funcional o la capacidad del empresario para gestionan la jornada laboral en términos anuales y, de esta forma, evitarse el tener que pagar horas extras de forma innecesaria.
Creo que lo mejor, y lo más valiente, de lo que acaba de aprobar el Gobierno está aquí, porque la empresa, para sobrevivir necesitaba de esas dosis de flexibilidad para negociar su convenio colectivo y gestionar su plantilla que la reforma le otorga. No me cabe duda que esto va a provocar las iras sindicales porque en cuanto prima el convenio de empresa sobre cualquier otro, el poder político de los sindicatos se diluye y su papel, tal y como lo concebían hasta ahora, se vuelve irrelevante.
Creo que también es especialmente importante y valiente el reducir de una vez por todas el coste del despido. En este sentido, me parece de especial relevancia tanto la eliminación de los trámites administrativos en los casos de expedientes de regulación de empleo como que una empresa se pueda acoger al despido procedente en cuanto lleve tres trimestres de reducción de ingresos, aunque siga en beneficios. Con ello, de lo que se trata es de que la empresa pueda actuar a tiempo, no como sucede hasta ahora que, en la mayoría de los casos, cuando puede despedir con veinte días, el daño que ha sufrido es tal que ni con eso se salva la compañía. Y, además, ya no se deja en manos de los magistrados de lo social el definir las causas económicas para el despido procedente porque la reforma las acaba de clarificar completamente, y por ley.
Bajo mi punto de vista, donde falla la reforma es en el coste del despido para las nuevas contrataciones. En algunos casos, como en los contratos de aprendizaje, éste prácticamente desaparece con la ampliación a un año del periodo de prueba en los nuevos contratos, lo cual puede inducir a las empresas a contratar jóvenes. Pero creo que se debería haber ido más lejos y en lugar de reducir el coste del despido a 33 días, se debería haber introducido, con carácter general, un nuevo contrato de crisis con una indemnización de 20 días como máximo, que es lo que podrían pagar muchas pymes en estos tiempos por contratar a un nuevo trabajador.
En conjunto, sin embargo, la reforma es tan buena como valiente y puede resultar fundamental para frenar la destrucción de empresas y, con ella, la sangría del empleo.