El Gobierno aprobó el pasado viernes una nueva reforma financiera. Las claves de esta medida se resumen, básicamente, en tres puntos: más provisiones bancarias y ayudas públicas (6.000 millones del FROB) para cubrir (sanear) pérdidas derivadas del deterioro de activos inmobiliarios acumulados en balance por una cuantía extra de 50.000 millones de euros; ajustar a la baja el valor contable de dichos activos para incentivar su venta a un precio más próximo al del mercado; e impulsar una nueva ronda de fusiones entre entidades crediticias.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, explicó que dicha reforma tiene como objetivos: acelerar el ajuste (caída) de los precios inmobiliarios para reactivar el sector del ladrillo; reactivar el crédito para particulares y empresas; y reorganizar el mapa financiero, para hacerlo más competitivo y adaptado a los tiempos.
Desde entonces, se han sucedido los análisis sobre los efectos reales de esta medida. En este sentido, pese a las intenciones del Gobierno, la mayoría de expertos coinciden en que, si bien la reforma está bien encaminada, resulta insuficiente: ayudará a que el precio de los pisos baje, pero no servirá para completar el ajuste preciso; el crédito al sector privado no se reactivará a corto y medio plazo, ya que la banca tiene que desendeudarse (desapalancarse) y elevar su capital; y, por último, todo indica que el saneamiento estimado -esos 50.000 millones de euros extra- se quedará corto.
Así, por ejemplo, en cuanto a este último punto, el consejero de Libertad Digital, Alberto Recarte, señala que el sistema necesita entre 70.000 y 80.000 millones para "sanarse definitivamente". Por su parte, Tano Santos, miembro de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), aclara que las entidades españolas han provisionado 66.000 millones desde 2008 que, junto a los 50.000 millones que ahora exige el Gobierno, suman un total de 116.000 millones.
¿Problema? "Solo en préstamo promotor y a las constructoras los bancos tienen una exposición de 400.000 millones de euros. Estos no incluyen la cartera hipotecaria que lleva la exposición inmobiliaria alrededor del billón de euros. De los promotores la mitad son problemáticos y eso nos lleva a unos 150.000 millones de euros. No es razonable que todo eso se va a perder, pero no parece descabellado el pensar que vamos a necesitar provisiones y tomas de pérdidas adicionales. Esto no parece suficiente”.
Así pues, a modo de conclusión, la reforma se resume en dos puntos, según Santos:
- Tanto PSOE (antes) como PP (ahora) han optado por "no liquidar entidades" insolventes. Por ello, todas las medidas aprobadas en este ámbito se encaminan, primero, a "reconocer las pérdidas", y segundo, a "cerrar los agujeros en el capital que inevitablemente se abrirán cuando así se haga" para evitar la quiebra.
- Y esto lleva a la segunda cuestión: ¿cómo cubrir ese agujero? Mediante más provisiones y más ayudas públicas. El problema, sin embargo, es que la capacidad de reconocer pérdidas es "limitadísima", ya que "no hay capital, ni público ni privado, para una recapitalización convincente".
¿Conclusión? Puesto que el Gobierno no quiere liquidar entidades inviables y tampoco existen fondos suficientes para cubrir todo el agujero, opta por la "única estrategia viable", añade Santos: "Se estima el tamaño de las pérdidas que por ahora se pueden absorber" -bien mediante provisiones, contra recursos propios o fondos públicos-, y éstas son las que se decide reconocer. Dicho de otro modo, el Gobierno “gana tiempo para preparar la próxima reforma".
La letra pequeña
Hasta aquí, las claves, a grandes rasgos, de la reforma financiera de De Guindos. Sin embargo, el texto del Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, incluye otros dos puntos relevantes para el sistema financiero español que suponen una novedad respecto a la anterior reforma:
- En primer lugar, el Gobierno prorroga la cláusula que impide por ley la quiebra de inmobiliarias, promotoras y constructoras insolventes.
- Y en segundo término, dificulta la extinción de las cajas de ahorros.
El Ejecutivo de Rodríguez Zapatero aprobó en diciembre de 2008 el Real Decreto-Ley 10/2008, por el cual se suspendían, con carácter extraordinario y temporal (hasta 2010), las causas de disolución de sociedades anónimas derivadas del deterioro de activos inmobiliarios.
[…] no se computarán las pérdidas por deterioro reconocidas en las cuentas anuales, derivadas del Inmovilizado Material, las Inversiones Inmobiliarias y las Existencias.
De este modo, el Gobierno evitó que, durante dos años, las empresas (básicamente, inmobiliarias y promotoras) reconocieran pérdidas en su balance como resultado de inversiones inmobiliarias fallidas o deterioro de activos ligados al ladrillo, sin que ello afectara los más mínimo a su capital. Es decir, permitió que las inmobiliarias zombies (insolventes) siguieran en pie mediante un mero artificio contable, evitando de paso un elevado aumento de la morosidad bancaria.
Cuando este plazo inicial expiró, el Ejecutivo prorrogó esta excepción por dos años, hasta el término de 2011, a través del Real Decreto-Ley 5/2010, de 31 de marzo. Ahora, el Ministerio de Economía que dirige De Guindos ha vuelto a extender en 2012 este maquillaje contable para evitar la quiebra de inmobiliarias insolventes. La reforma financiera recoge lo siguiente en su disposición adicional quinta:
Se renueva, sin solución de continuidad y a todos los efectos legales, durante el ejercicio social que se cierre a partir de la entrada en vigor del presente real decreto-ley, la aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 de la Disposición adicional única del Real Decreto-ley 10/2008, de 12 de diciembre.
Esto no sólo supone un balón de oxígeno al sector inmobiliario sino también al sistema financiero (acreedores de estas empresas). Así, según el experto inmobiliario José Luis Ruiz Bartolomé, "lo que parece una medida para salvar el pellejo a las inmobiliarias -que lo es- responde fundamentalmente al interés de preservar la mora de nuestras solventísimas entidades financieras".
No en vano, el mantenimiento de inmobiliarias zombies ha permitido que la banca refinancie sus abultadas deudas, pese a que no tienen forma de repagar sus créditos, salvo en ladrillo, tal y como publicó Libre Mercado. Como resultado, la exposición inmobiliaria de bancos y cajas ha permanecido casi invariable desde 2007. Es decir, el problema, aunque se oculte parcialmente, sigue ahí.
Préstamos a promociones inmobiliarios y constructoras, en miles de millones de euros. Datos trimestrales: del primer trimestre de 2005 al tercero de 2011.
Fuente: Banco de España
Supervivencia de cajas
Por último, la reforma financiera del PSOE, aprobada en 2010, obligaba a las cajas a convertirse en meras fundaciones si vendían el 50% del capital de sus bancos o entidades crediticias. La nueva ronda de fusiones y la necesidad de ampliar capital obligaría, en muchos casos, a acometer tal transformación, de forma que algunas cajas de ahorro terminarían por desaparecer.
Sin embargo, Economía acaba de dificultar dicha extinción. El texto de la reforma establece que la caja podrá mantenerse como tal aun desprendiéndose de más del 50% del capital siempre y cuando ostente, "directa o indirectamente", el control de la entidad financiera, o bien mantenga, como mínimo, el 25% de los derechos de voto.
La transformación de una caja en fundación implicaría renunciar por completo a seguir actuando como entidad de crédito, para dedicarse tan sólo a la obra social. Es decir, el Gobierno, al suavizar las exigencias vigentes hasta ahora, retrasa y dificulta la privatización total de las cajas y, por tanto, la salida de políticos y sindicatos de sus consejos de administración.