Para formalizar un contrato de trabajo en España no basta con que un empresario ofrezca determinadas condiciones y un trabajador las acepte. Antes hay que comprobar que la legislación admita en sus presupuestos jurídicos el modelo de contrato, horario, sueldo, vacaciones y pagas extraordinarias pactado por las dos partes. Una vez realizada la pesquisa es necesario cotejar las características de ese contrato con el convenio colectivo del sector, firmado por unos señores que dejaron de trabajar o gestionar empresas hace años, a pesar de lo cual se arrogan la representación de los agentes económicos. En caso de que las pretensiones de empleado y empleador no se ajusten exactamente a lo establecido en la maraña legislativa y sectorial vigente la contratación no puede llevarse a cabo, la empresa no aumenta su producción y el trabajador vuelve a la cola del paro a solicitar el subsidio correspondiente.
La ministra Báñez lo ha expresado nítidamente, elevando el rigor de su argumento al ámbito constitucional. Lo que no puede ser no puede ser y además es imposible, ha venido a decir la ministra. Sin embargo, Fátima, querida, esa misma Constitución a la que apelas para negarte a liberar a empresarios y trabajadores del yugo coactivo de tu Ministerio dice también en un arrebato sentimental que todos los españoles tienen derecho a un puesto de trabajo y una vivienda digna. Seis millones han perdido lo primero y más de medio millón ya no tienen lo segundo, así que, puestos a ser exigentes, igual merece la pena facilitar los medios para que todos puedan recuperar lo que les pertenece por mandato constitucional.
El caso de los jóvenes es especialmente grave, como no deja de atestiguar la tabulación de las cifras de desempleo. La depauperación del sistema educativo español ha dado como resultado la existencia de un importante sector social de “ninis” –ni trabajan ni estudian–, que en estos momentos ya va por la segunda generación. Unos desoficiados a los que nadie va a dar empleo si el coste de su contratación está por debajo del valor que van a aportar a la producción, subvenciones incluidas.
La ministra del ramo es refractaria a los llamados minijobs, cuando hay millones de jóvenes en paro que no pueden aspirar ni a un microjob, dada su escasa preparación y experiencia. Pero como aquí nadie puede ofrecer ni aceptar un trabajo sin observar los preceptos ministeriales y el mandato sindical, lo previsible es que los datos del paro juvenil en España sigan siendo el asombro del resto del continente por muchos años. ¿Que la ministra no quiere minijobs porque eso no es social ni progresista? Pues nada, a seguir en casa de los papás dándole a la play, a ver si la comunidad autónoma abre pronto el plazo anual para pedir la renta de emancipación.
El subsidio como horizonte económico, la vagancia como imperativo vital. Normal que la Merkel nos abronque. Lo raro es que no nos hayan echado de Europa ya.