Este lunes, los países de la Unión Europea cerraron el texto del nuevo Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza. Con este nombre, los Veinticinco países firmantes (todos los de la UE excepto Reino Unido y República Checa) pretenden establecer el marco normativo que evite en un futuro crisis de deuda pública como la que ha sufrido el Viejo Continente en los últimos años.
En la década de los noventa, cuando se creó la moneda única, ya se ideó un sistema de supervisión de las finanzas públicas. Era el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y obligaba a todos los estados a mantener un déficit público inferior al 3% y una deuda que no alcance el 60% del PIB. Todo esto se convirtió en papel mojado muy poco después de que se aprobase. Ahora, el objetivo es endurecer los límites, estrechar la vigilancia y ampliar los mecanismos de control. Pero algunos flecos sueltos en el nuevo tratado abren las dudas sobre su eficacia real.
Lo aprobado
Las principales características del texto aprobado se podrían resumir en tres aspectos: habrá un límite de "déficit estructural" del 0,5% y de deuda del 60% del PIB para todos los estados. Cuando se sobrepasen estos niveles habrá que cumplir con un estricto programa de reestructuración del gasto público, en el que se incluirán las recomendaciones de la Comisión Europea y el resto de los socios. En el caso de que no se siga esta guía, el Tribunal de Justicia de la UE (TJE) podrá imponer sanciones de hasta el 0,1% del PIB del estado en cuestión.
Las trampas
1. Déficit estructural: esta definición excluye el impacto de los estabilizadores automáticos. Es decir, no tiene en cuenta el aumento del gasto y la reducción de ingresos que se produce de forma automática cuando la economía entra ebn recesión.
2. Excepciones: el artículo 3.3 del documento admite que los límites podrían ser ignorados en caso de “circunstancias excepcionales”. ¿Cuáles son estos casos?: “Eventos fuera del control del Gobierno que causen un impacto importante en su posición financiera o períodos de severas crisis económicas”.
3. Recomendaciones de la Comisión: se prevé que la Comisión Europea pueda poner deberes a los estados incumplidores. Y se supone que estas obligaciones no serán fáciles de cumplir. Pero el artículo 7 deja incluso la puerta abierta a que una “votación mayoritaria” de los países de la Eurozona permita al Estado en cuestión saltarse esas recomendaciones.
4. Demanda ante el Tribunal de Justicia de la UE: quizás éste sea el aspecto más polémico del nuevo Tratado. Por un lado, al no haber sido firmado por los Veintisiete estados de la Unión, no se incorpora como normativa comunitaria, sino como una norma de derecho internacional. Esto provocará que las instituciones comunitarias no puedan denunciar el incumplimiento del Tratado. La Comisión sólo podrá pedir a los países que lleven a los derrochadores ante el Tribunal de Justicia de la UE.
De esta manera, serán los gobiernos firmantes los que tendrán que demandar a los demás gobiernos. Esto no se ha producido prácticamente nunca hasta ahora. Por otro lado, si finalmente un país es llevado ante el TJE y es condenado por éste a pagar una sanción del 0,1% del PIB y a emprender nuevas medidas correctivas, ¿quién vigilará si cumple con la sentencia? De nuevo serán los Gobiernos los que deban vigilarse entre sí.
5. Multa del 0,1%: el último aspecto que introduce dudas sobre la eficacia del Tratado hace referencia a las sanciones. Como decíamos antes, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento ya introdujo límites al déficit que se han demostrado completamente ineficaces.
¿Por qué ahora debería ser diferente? Los líderes europeos han hecho mucho hincapié en las sanciones. Grecia, por poner un ejemplo, tuvo un déficit del 9,4%, 15,4% y 10,4% entre 2008 y 2010. Realmente, es complicado imaginar que cómo una multa del 0,1% del PIB podría haber influido tanto en el Ejecutivo heleno como para reducir el déficit desde el 15,4% hasta el 0,5%.