El juez declara el concurso voluntario de Spanair

El juzgado mercantil número 10 de Barcelona ha declarado este miércoles el concurso voluntario de la aerolínea Spanair, en el que se contabilizan hasta 3.000 acreedores y que considera de "especial trascendencia", según el auto dictado por el juez.

Pese a que también se habían presentado peticiones de concurso necesario por parte de algunos acreedores, el juez ha decidido tramitar el cierre de Spanair, que declara un pasivo de 474 millones de euros, como un concurso voluntario al considerar que así se protege mejor a los 2.500 trabajadores de la compañía.

La tramitación como concurso necesario dificultaría, según subraya el auto, un acuerdo rápido de extinción de contratos, que ya ha sido solicitado, "con la evidente desprotección de los trabajadores de la compañía, que verían frustradas sus expectativas de una rápida solución y una recolocación exitosa".

Los trabajadores están afectados por un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que se ha presentado en el mismo juzgado y que empezará a tramitarse, con la apertura del período de consultas entre las partes, en un plazo de dos días.

El juez, que ha declarado el concurso como de "especial trascendencia", ha nombrado como administrador concursal al Grupo Gispert, Abogados y Economistas, que fue fundado, entre otros, por el ex consejero de Justicia durante el primer mandato de Jordi Pujol Ignasi de Gispert Jordà.

El titular del juzgado mercantil, Juan Manuel de Castro, ha decidido que Spanair conserve sus facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, aunque apunta que podría cambiar de opinión durante la tramitación del expediente, en función del informe de la administración concursal.

En el auto, emplaza además al administrador a que en un máximo de dos días indique si es necesario nombrar un segundo administrador, dada la complejidad del procedimiento.

En este sentido, recuerda que el concurso de Spanair implica a más de 2.500 trabajadores involucrados en un ERE y a más de 3.000 acreedores, así como a "complejos contratos de utilización de aviones, establecimientos y oficinas dispersos por el territorio nacional, y multitud de procedimientos judiciales mercantiles y administrativos en marcha".

De Castro considera también necesario que el administrador valore si se debe nombrar un administrador concursal acreedor "titular de créditos ordinarios o con privilegio general no garantizado", de entre los que tengan un importe mayor.

La administración concursal contará con un plazo de dos meses, desde su aceptación del encargo, para la presentación del informe provisional previsto en la Ley Concursal. El auto hace un llamamiento a los acreedores para poner en conocimiento de la administración concursal en el plazo de un mes la existencia de sus créditos.

En su solicitud de concurso, Spanair declaró un pasivo de 474 millones de euros, de los que 260 millones corresponden a accionistas, entre ellos SAS y la Generalitat, y el resto a acreedores terceros, como proveedores, AENA y la Seguridad Social.