La reforma de las pensiones públicas aprobada el pasado año parece que ya se ha quedado desfasada. La Seguridad Social entró en números rojos en 2011, una situación que se complicará, a corto plazo, como resultado de la recaída económica y, a largo plazo, por el envejecimiento de la población y el escaso índice de natalidad. Ante el riesgo de que el sistema de pensiones registre un déficit estructural, el Gobierno abre la puerta a aplicar nuevas rebajas antes de lo previsto inicialmente.
El anterior Ejecutivo socialista reformó las pensiones públicas el pasado año, retrasando la edad de jubilación a los 67 años, ampliando el período de cálculo de los 15 a los últimos 25 años cotizados y permitiendo la jubilación a los 65 con 38,5 años cotizados. Estas nuevas condiciones, que se traducirán en una rebaja de las pensiones futuras, entrarán en vigor en 2013.
Sin embargo, al mismo tiempo, incluía la posibilidad de aplicar nuevas revisiones a la baja para garantizar sus sostenibilidad a largo plazo. En concreto, la ley incluía una disposición que garantiza que las condiciones para acceder a una pensión se revisarán de forma continua a partir de 2027:
Con el objetivo de mantener la proporcionalidad entre las contribuciones al sistema y las prestaciones esperadas del mismo y garantizar su sostenibilidad, a partir de 2027 los parámetros fundamentales del sistema se revisarán por las diferencias entre la evolución de la esperanza de vida a los 67 años de la población en el año en que se efectúe la revisión y la esperanza de vida a los 67 años en 2027. Dichas revisiones se efectuarán cada cinco años utilizando a este fin las previsiones realizadas por los organismos oficiales.
Es decir, la reforma establecía que las pensiones públicas se revisarían a la baja cada cinco años a partir de 2027, cuando entre completamente en vigor lo aprobado en 2011 -el retraso gradual de la edad de jubilación y la ampliación del período de cálculo-. Sin embargo, el Gobierno adelanta ahora esta posibilidad.
El artículo 22.5 del anteproyecto de ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, aprobada en el Consejo de Ministros del pasado viernes, señala lo siguiente:
El Gobierno, en caso de proyectar un déficit en el largo plazo del sistema de pensiones, revisará el sistema aplicando de forma automática el factor de sostenibilidad previsto en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social.
De este modo, el Ejecutivo abre la puerta a nuevas rebajas en las futuras pensiones antes de 2027, mediante nuevos retrasos en la edad de jubilación (más allá de los 67 años) o nuevas ampliaciones de los períodos de cotización (más allá de los 25 años cotizados). Y ello, en caso de que persista el déficit que ya registra la Seguridad Social.
No es algo nuevo. Durante la tramitación de la anterior reforma, el PP defendió entre otras medidas, las siguientes:
1. La posibilidad de blindar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social para que se ocupe sólo de las de las pensiones de jubilación. Las de vejez, invalidez y viudedad (las otras pensiones contributivas) serían financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. De esta forma se evitaría que el Gobierno recurra al Fondo para elevar pensiones que no tienen que ver con la jubilación.
2. Incentivar fiscalmente el alargamiento de la vida laboral, de forma que se favorezca un aumento de la edad media de jubilación, más allá del límite legal.
3. Potenciar los planes de pensiones privados mediante un mejor tratamiento fiscal para que sirvan de complemento a las pensiones públicas. Esta medida ya fue avanzada, precisamente, por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, la semana pasada.
4. Alargar el período de cotización a toda la vida laboral: el PP apoyó explícitamente esta posibilidad en seno de las negociaciones del Pacto de Toledo. Si el cálculo de la pensión se efectúa sobre toda la vida laboral, las futuras prestaciones podrían sufrir una rebaja próxima al 30% respecto al actual nivel. Así, en su programa electoral, el PP defendía que "la pensión sea más proporcional a las cotizaciones efectivamente realizadas a lo largo de la vida laboral".
5. Revisión cada dos años: el PP también se comprometió en campaña electoral a presentar al Congreso, cada dos años, un informe que evalúe la evolución financiera de las pensiones y las principales variables del sistema, tales como "la esperanza de vida, y la evolución del empleo y de los ingresos y gastos del sistema para asegurar su sostenibilidad". Esta medida supondría una revisión casi constante de las pensiones públicas a fin de garantizar su sostenibilidad.
En cualquier caso, la Ley de Estabilidad anticipa una nueva reforma de las pensiones en España antes de la fecha inicialmente prevista (2027).