El expediente sancionador que el ministerio de Fomento ha abierto contra Spanair ofrece datos sobre las violaciones de la normativa en las que ha incurrido la compañía con su acelerado cierre.
Tal y como señala El Mundo, Spanair suspendió sus operaciones apenas 21 minutos antes de notificarlo por fax a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y seis horas antes del compromiso que había adquirido con sus pasajeros. Y aunque aseguró que la suspensión se aplicaría desde las dos de la madrugada, el primer vuelo cancelado es de las 19:55 horas. El primer vuelo cancelado fue el JKK 5664, que cubría la ruta Madrid-Ibiza.
El equipo de Spanair suspendió sus actividades sin avisar a Fomento ni a los pasajeros. La propia ministra Ana Pastor telefoneó a Ferrán Soriano, presidente de Spanair, para conocer los planes de la compañía. Su respuesta fue que no había decisión todavía. Eso fue a las 18 horas.
La compañía informó a los pasajeros de a situación a las 21:36 horas a través de su página web. Allí ofrecían seis soluciones a los damnificados, pero sólo una de ellas dependía de la propia aerolínea. En las demás remitían a agencias de viajes, entidades financieras y otras compañías.
El informe de la agencia estatal dice que Spanair "no ha cumplido debidamente con sus obligaciones para con los pasajeros". Y se basan en dos factores: que la compañía no concedió el derecho de atención a los pasajeros que se quedaron en tierra (no ofreció comida, llamadas, alojamiento), y en segundo, que "en ningún momento" se les dio la posibilidad de optar por un transporte alternativo.
Según esos dos supuestos, Fomento vio motivo suficiente para incoar un procedimiento sancionador contra la compañía por la vulneración de dos artículos de la Ley de Seguridad Aérea, considerando las dos infracciones como "muy graves" y merecedoras de multas de hasta 9 millones de euros.
Pastor, eso sí, exculpó al gobierno catalán por la situación y afirmó tener constancia de que la Generalidad arrimó el hombro y "mantuvo a la compañía", todo ello a pesar de que la "génesis" del problema no les correspondía a ellos sino que era "heredado" del Ejecutivo de Montilla.