Una inversión de más 16.000 millones de euros y la creación de 200.000 empleos es la carta de presentación del macroproyecto de la versión europea de Las Vegas en Madrid. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y la alcaldesa de la capital, Ana Botella, acordaron ayer que impulsarán las medidas que sean necesarias para que todas las administraciones logren sacar adelante en la región este complejo de ocio.
El proyecto ha sido creado por el magnate estadounidense Sheldon Adelson, propietario del grupo Las Vegas Sand, y las partes vinculadas afirman que a día de hoy las conversaciones "están muy avanzadas". Su plan es construir primero un casino, y con el dinero que éste genere ir levantando poco a poco un gigantesco complejo de ocio que dentro de diez años cuente con 12 resorts (36.000 habitaciones), seis casinos, nueve teatros, hasta tres campos de golf, un escenario con más de 15.000 butacas y decenas de restaurantes.
A pesar de que todavía no se ha decidido cuál va a ser su ubicación, el barrio de Valdecarros en el distrito de Vallecas y Alcorcón son los emplazamientos donde se está sopesando construir el macrocasino. Desde el ayuntamiento de Alcorcón, en declaraciones a Libre Mercado, aseguran que "están encantados con la noticia", pues supone una gran oportunidad económica para su municipio.
"Esta inversión acabaría con la mitad del paro de la Comunidad de Madrid y Alcorcón tiene una ubicación perfecta para acoger el proyecto", explican representantes del ayuntamiento, tras señalar que tienen los metros suficientes de suelo para comenzar la construcción.
Para hacer posible el desarrollo de "la gran ciudad del ocio en Madrid", Aguirre ha indicado que desde su Gobierno se dará todo tipo de facilidades al grupo inversor norteamericano para que sean ellos quienes digan "cómo les gustaría" que se llevara a cabo el complejo, "sin ponerles dificultades" e, incluso, "cambiando la normativa que haya que cambiar, siempre de acuerdo con nuestros principios".
¿Un paraíso fiscal?
A pesar de los efectos positivos para la economía de la capital, la ejecución del macrocomplejo no ha estado exenta de polémica. Según informa el diario El País, las exigencias que ha presentado el multimillonario a las administraciones tendrían un profundo calado político y legal.
Ha sido precisamente este martes cuando los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) han asegurado "que plegarse a las condiciones que defienden los promotores norteamericanos implicaría de facto la creación de un auténtico paraíso fiscal en el corazón de España", ya que generaría un régimen excepcional de tributación casi nula en los tres niveles de la administración tributaria: nacional, autonómica y local.
En este sentido, los Técnicos alertan de que la propuesta supondría la creación de una "zona franca" para no liquidar el IVA ni otros muchos impuestos y en la que ni siquiera se seguirían las reglas del Estatuto de Trabajadores. Además, subrayaron que la relajación de las exigencias en los controles de la Ley de Blanqueo de Capitales abriría la puerta al lavado de cantidades millonarias de dinero negro en los casinos, algo que atentaría frontalmente contra el Plan Antifraude aprobado por el Gobierno hace sólo dos semanas y con el que prevé recaudar más de 8.000 millones.
Por otra parte, la tributación que pretende aplicar el magnate del juego Sheldon Adelson a los trabajadores impatriados supondría recuperar la polémica Ley Beckham, lo que unido a las exenciones del pago de las cuotas a la Seguridad Social y otros impuestos, evitaría que el proyecto revirtiese en unos ingresos claros para las administraciones tributarias españolas.
Asimismo, el colectivo denunció que el planteamiento defendido por el grupo inversor atentaría contra el principio constitucional de equidad fiscal y supondría un agravio comparativo para el resto de empresas que operan en nuestro territorio y que en estos momentos de crisis también necesitarían de esos incentivos para salir adelante.