Cristóbal Montoro realizó este miércoles un anuncio que ha dinamitado la política española. Con el cambio que prepara el Gobierno en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y en la Ley de Transparencia, los gestores públicos que incumplan los objetivos de déficit podrían incurrir en responsabilidades penales. Esto quiere decir que un ministro de Hacienda, un alcalde o un presidente autonómico que se salte el mandato presupuestario del Ejecutivo podría acabar con sus huesos en prisión.
Desde que el ministro realizó estas declaraciones, la reacción de la clase política española ha sido unánime: toda la oposición, desde los nacionalistas de CiU y PNV, hasta la izquierda (PSOE e IU) han rechazado la "ocurrencia" de Montoro, con el argumento de que las responsabilidades políticas se sustancian en el Parlamento, no en los tribunales.
Viendo las cifras de los últimos años, no resulta extraña esta reacción. Si se aplicasen los criterios de Montoro a lo ocurrido en las cuentas públicas desde 2009, una buena parte de la clase política española podría acabar entre rejas. No parece sencillo que eso vaya a suceder con los excesos pasados; y todavía está por ver que el Gobierno de Mariano Rajoy se atreva a meter en la cárcel a sus colegas por los incumplimientos futuros.
La 'doctrina Montoro'
Lo que el ministro de Hacienda ha desvelado esta semana es un plan de control de las comunidades en dos pasos. En primer lugar, se acordará con las autonomías y ayuntamientos un límite de déficit. De esta manera, los políticos regionales tendrán una frontera en sus números rojos que no podrán superar. Además, el Estado vigilará las cuentas y ejercerá un control previo de sus presupuestos.
Lo anterior es lo que anunció Montoro al término del Consejo de Política Fiscal y Financiera del martes. Al día siguiente por la mañana, en la Cadena Ser, el ministro llegó al tema de las sanciones para aquellos que se salten el límite del que hablábamos antes. Primero serán económicas para las comunidades, pero podrían llegar a ser penales para los políticos en los casos de engaño u ocultación. Esto es lo que dijo Montoro:
Lo que vamos a hacer un cambio en Ley de Transparencia vamos a exigir responsabilidades penales. A un gestor público, un político o un gestor nombrado por un político, no puede gastar más allá de los límites fijados por su presupuesto. Si no está falseando la contabilidad pública (y al igual que un gestor privado tiene que hacer frente a responsabilidades penales). Tiene que haber un rigor en la acción del Gobierno. Si quiere gastar más, tiene que subir los impuestos y decírselo a sus ciudadanos, que luego juzgarán en unas elecciones. Pero lo que no puede ocurrir más son las facturas en un cajón, la falta de transparencia y acumular deudas que luego se vuelven impagables. Eso es uno de los grandes problemas de España.
El pasado inmediato
El problema es que en los tres últimos años, han sido continuas las administraciones que se han saltado a la torera este límite. Como puede verse en el siguiente cuadro, las previsiones de déficit público incluidas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) han sido ignoradas de forma continua por los políticos españoles.
En 2009, el objetivo de déficit era del 1,5% y se acabó en el ¡11,1%! En 2010, las cifras fueron el 5,4% previsto frente al 9,3% real; y este año, aunque no hay datos definitivos, ya se sabe que el 6,0% de los Presupuestos acabará por encima del 8,0%.
Si se dividen estas cifras por las administraciones, hay pocos políticos que puedan salvar la cara. Según lo anunciado por el actual Gobierno, el Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero incumplió su objetivo en 2011, al igual que hizo en 2009.
Lo mismo han hecho 16 de las 17 administraciones regionales en los últimos dos años. En 2010, todas excepto Madrid superaron el 2% de déficit. El objetivo era el 2,4% y nueve autonomías lo superaron ampliamente. Sólo la comunidad de Esperanza Aguirre cerró el año con un déficit del 0,69%, con la segunda clasificada en el 2,23%. Y hubo casos escandalosos, como el de Castilla-la Mancha, con el 6,95%, Murcia, con el 4,95%, Baleares, con el 4,16% y Cataluña, con el 3,86%.
En el último ejercicio (2011), según los cálculos previos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), volverá a ocurrir lo mismo. Sólo Madrid, con un 1,4%, está cerca del objetivo del 1,3%. El resto, superaría el 2% (quizás La Rioja podría salvarse, con un 1,8%). Si se cumplen estas previsiones, Castilla-la Mancha, Murcia y Valencia volverían a ser las más deficitarias, por encima del 4%.
El único eximente que se puede poner es que en algunas de estas regiones el cambio de Gobierno ha sacado a la luz unos números rojos ocultos escandalosos (La Mancha, Baleares y Cataluña son los casos más destacados). También cabe señalar que las cuentas regionales están muy influenciadas por las previsiones económicas y presupuestarias del Gobierno central, de forma que sus errores de previsión impactan de forma indirecta en la gestión regional.
Como decíamos antes, será muy difícil que ocurra, pero la aplicación estricta de la doctrina Montoro dejaría una larga fila de políticos camino de prisión. ¿Se imaginan? Barreda, Montilla, Camps, Antich, Griñán, Patxi López, Valcárcel… Y Esperanza Aguirre en la puerta, dándoles ánimo. Si Montoro se sale con la suya, ella es la única que se salvaría.
Déficit previsto CCAA para 2011 (Fuente: Fedea)