En una Unión Monetaria no tiene ningún sentido referenciar los salarios a la inflación prevista. Lo único que se consigue de esa forma es erosionar la competitividad y restar poder adquisitivo ya que se elevan sólo los salarios nominales y no los reales. El único determinante a largo plazo de los salarios reales es la productividad.
El hecho de generalizar la indexación automática de salarios con IPC es una práctica cuyo uso ya sólo se mantiene en España y en pequeños países como Chipre, Luxemburgo y Bélgica. Precisamente fueron las crisis económicas de los años 80 y 90 las que, a diferencia de España, provocaron que países europeos eliminaran la indexación salarial al considerarla un claro factor de generación de espirales inflacionistas. Países como Francia, Dinamarca, Italia o Países Bajos aprobaron hace tiempo la eliminación de esas conexiones sobre el nivel de precios para contener las presiones inflacionistas. Es más, incluso en Italia y en los Países Bajos dicha eliminación se sustentó en un acuerdo tripartito entre gobiernos, trabajadores y empresarios.
En España, el hecho de mantener aún la ligazón entre salarios y precios es especialmente arcaico e irracional, ya que en nuestro país los salarios se negociaban sobre la inflación prevista, concepto que desapareció con nuestra entrada en el euro. Desde entonces eso se cambió por un mandato al BCE de estabilidad de precios para mantener el valor de la moneda y frenar la inflación.
La absurda carrera entre precios y salarios que aún tenemos en España no la ganan ni empresarios ni asalariados, ya que cada aumento de precios provoca un aumento de salarios que, a su vez, provoca un aumento de precios. Es decir, lo que se consigue es una simple espiral inflacionista, una pérdida de competitividad hacia el exterior y una reducción del poder adquisitivo. La única forma de garantizar el crecimiento del salario real (que es el que realmente importa, no del nominal) es mediante el incremento de la productividad, lo demás son atajos que no llegan a ningún sitio y no comprendo cómo los representantes de los trabajadores aún no se han dado cuenta de ello. Este es otro de los viajes en el que, gracias a la globalización, los intereses de empleadores y empleados van de la mano y no están enfrentados en ningún caso.
Por otro lado, también vale la pena recordar aquí la injusticia de esas cláusulas de supuesta garantía de poder adquisitivo, porque aíslan a los trabajadores cubiertos por las mismas de los crecimientos de precios a costa de trasladarlos a trabajadores no cubiertos, consumidores, desempleados y empresas. Es decir, cuando un grupo de trabajadores, mediante estas cláusulas de revisión salarial, trata de evitar pérdida de renta, trasladan parte del empobrecimiento colectivo a los consumidores (que ven más reducido su poder adquisitivo), a las empresas (que reducen empleo e inversiones) y a los desempleados (que encontrarán más dificultades para encontrar un empleo y verán deteriorado su poder de compra).