"El Estado somos todos". Con esta frase, Mariano Rajoy ha dejado claro este martes que el Gobierno no dejará que ninguna autonomía española quiebre, tal y como avanzó Libre Mercado. Luego, ha llegado el turno de Cristóbal Montoro, que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera ha intentado dejar claro a las autonomías que se ha acabado el tiempo del despilfarro. A partir de ahora, ha llegado el momento de apretarse el cinturón, según ha afimado. Eso sí, el que no logre cumplir con el objetivo de déficit seguirá teniendo el respaldo gubernamental.
Las dos caras de la moneda
Lo anunciado este martes por el Ejecutivo –tanto Rajoy, como Montoro como Luis de Guindos han coincidido en el mismo mensaje- tiene dos caras muy diferentes. Por una parte, supone que siempre habrá red de seguridad para las autonomías y una línea de liquidez del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para que puedan pagar a sus proveedores. Incluso aunque mantengan su ritmo de gasto actual, las regiones no quebrarán. Saber esto acabará con algunos de los incentivos que tenían las regiones para ser austeras.
Por otro lado, tanto Rajoy como Montoro han anunciado que se endurecerán las condiciones para los gobiernos regionales. Para empezar, todas las autonomías tendrán fijado un techo de gasto y un control previo de sus presupuestos. También habrá sanciones para los que no cumplan. Y el Gobierno asegura que si tiene que acudir en apoyo de alguna comunidad que se esté saltando sus objetivos de déficit, impondrá sus normas. En teoría, esta amenaza de intervención por parte del Estado debería servir para que las regiones moderasen sus gastos.
La cuestión ahora es saber qué pesará más, si la amenaza de intervención que ha hecho explícita Montoro (es la primera vez que el Estado amenaza con controlar las cuentas regionales de forma directa) o la seguridad de saber que por mucho que mantengan el despilfarro no les dejarán caer.
El pasado y el futuro
Lo que ha ocurrido en los últimos años en las cuentas regionales tendrá consecuencias en el futuro. Los déficits de ejercicios anteriores se traducirán en la necesidad de emitir deuda en 2012 y el Gobierno tendrá que avalar o asumir esas emisiones, puesto que ha asegurado que no dejará caer a nadie.
Desde 2007, la deuda de las autonomías ha crecido en un 125%, de los 60.000 millones a los 135.000 de la actualidad. Evidentemente, no todos los gobiernos han permitido que este incremento se disparase. Mientras que en Madrid los números rojos sólo han subido un 50%, en el País Vasco han sufrido una subida del 734% (la única ventaja para Patxi López es que partía de un nivel de deuda muy bajo). Y en Murcia o Castilla-La Mancha casi se ha cuadruplicado.
Aunque todas las regiones tienen graves problemas en sus cuentas públicas, hay cuatro que destacan sobre todas las demás. De hecho, la media de las 17 autonomías es de una deuda del 12,4% del PIB, pero sólo estas cuatro superan dicho nivel. El problema es que están muy lejos de esta cifra que ya de por sí es alta. Son Baleares (16,8%), Castilla-La Mancha (18,3%), Cataluña (19,7%) y Valencia (19,9%). Y si les sumamos las empresas públicas, estas autonomías rozan o superan el 20%, con Cataluña en el 23,6% de deuda respecto al PIB.
Esto es especialmente grave, puesto que las regiones no tienen que asumir los gastos como prestaciones por paro (que suben mucho durante las crisis) o por pensiones.
Con unas cuentas tan frágiles, la confirmación del Gobierno de que rescatará a las autonomías que no puedan hacer frente a sus obligaciones tiene aún más importancia.
La Generalidad de Cataluña, en sus Presupuestos de 2012, anuncia unos ingresos derivados de los pasivos financieros de 7.756 millones (esta será su emisión de deuda prevista este año); en Baleares, esta cifra es de 922 millones; y en Valencia, de 1.472 millones. Esto supone más de 10.000 millones de nueva deuda que el Gobierno respaldará de una forma u otra. ¿Cómo? Con el dinero de todos los cotribuyentes españoles.