Se ha intentado evitar por todos los medios, pero la situación se complica por momentos. El segundo plan de rescate griego, acordado el pasado verano, reconocía, al fin, la necesidad de aplicar quitas sobre la deuda helena para tratar de reequilibrar, a medio plazo, el brutal e insostenible endeudamiento público del país.
Sin embargo, para evitar la declaración oficial de default (suspensión de pagos), tales descuentos deberían ser aceptados de forma voluntaria por los acreedores privados (bancos). Desde entonces, en ésas estamos y en ésas seguimos. La negociación está encallando y el plazo para alcanzar un acuerdo se agotará en las próximas semanas, ya que a mediados de marzo vencerán 14.500 millones de euros en bonos helenos. Los problemas en esta materia son muy diversos.
En primer lugar, el segundo plan de rescate estableció una quita "voluntaria" del 50% sobre los acreedores privados, pero se trata de una cuantía del todo insuficiente para poner las cuentas públicas griegas en orden, tal y como advertimos entonces en estas mismas páginas. Tanto Atenas como el Fondo Monetario Internacional (FMI) presionan para elevar la quita al 75%, mientras que los bancos tratan de limitar sus pérdidas al 60% o 65% como máximo. Así pues, todo apunta a que este punto del acuerdo internacional será incumplido.
En segundo lugar, la forma de pago también está en el aire. La intención es que los acreedores cobren parte de la deuda en efectivo (a través del dinero del rescate internacional) y una cuantía mayor mediante la emisión de nuevos bonos, cuyas condiciones también deberán acordarse: Atenas y el FMI ofrecen una rentabilidad baja y un vencimiento a 30 años, mientras que los bancos exigen mayor rendimiento y un plazo máximo de 20 años, así como la condición de acreedor "preferente" para no volver a ser discriminados (la quita que incluye el segundo rescate sólo afecta a los acreedores privados no a los públicos). En definitiva, tampoco hay unanimidad sobre este punto.
El tercer punto es el más complicado: el grado de participación. La troika buscaba una aceptación casi unánime por parte de los bancos (superior al 90%), pero todo indica que la ratio se situará en torno al 75%. Y ello, entre otros motivos, porque parte de los inversores (hedge funds), que han tomado posiciones en deuda griega en los últimos meses, prefieren que se declare la quiebra para poder cobrar los seguros de impago contratados (credit default swaps) sobre estos activos y, así, recuperar su dinero. En tal caso, el FMI, el Banco Central Europeo (BCE) y los socios comunitarios, muy posiblemente, tendrían que aportar más recursos para cubrir la diferencia.
Ante tal escenario, Grecia baraja la posibilidad de aplicar las denominadas "cláusulas de acción colectiva" con carácter retroactivo, de forma que el 100% de los acreedores debería aceptar las condiciones aprobadas por la mayoría. Pero esto reabre un punto aún más delicado si cabe. Y es que, la aplicación de tales cláusulas, en teoría, afectaría de igual modo al BCE, que acumula más de 40.000 millones de euros en bonos helenos, según las distintas estimaciones existentes.
He aquí el dilema: ¿y si el BCE rechaza asumir pérdidas? "Si las cláusulas de acción colectiva no son vinculantes para el BCE es difícil ver cómo podrían ser vinculantes para los demás", según advierten los gestores de fondos de inversión. Si los bonos que poseen el BCE y el resto de organismos públicos involucrados en el rescate gozan de un blindaje especial, ¿qué impedirá que se adopte una discriminación similar en el caso de Portugal, Irlanda, España o Italia?
La incertidumbre sobre la quiebra de Grecia es total, y esto es, precisamente, lo que puso de manifiesto el viernes la degradación crediticia de S&P a nueve países de la zona euro. Lo importante del informe de la agencia no es la rebaja en sí, ya descontada desde hace tiempo por los inversores, sino su letra pequeña: S&P no descarta un impago desordenado (coercitivo) de Atenas; y prevé que el Fondo permanente de rescate (ESM), que entrará en vigor este año, gozará de la "condición de acreedor preferente en caso de un incumplimiento soberano", es decir, el resto de acreedores privados (bancos) estarán subordinados al Fondo, lo cual hará descender aún más la demanda de bonos periféricos por parte de los inversores, pues su devolución, con tal precedente, no estaría garantizada en ningún caso.
Dado el actual panorama, los analistas de la agencia han vuelto a reiterar en las últimas horas que Grecia "suspenderá pagos" de forma inminente, en referencia a la temida quiebra desordenada de Atenas. Tal evento, de llegar a producirse, marcará el devenir de la crisis de deuda europea en los próximos meses. El Gobierno heleno niega la posibilidad de default y salida del euro, los políticos europeos confían en que se alcanzará un acuerdo, pero, mientras, este escenario, descontado por el mercado hace ya tiempo -la rentabilidad del bono heleno a un año superó la semana pasada el 400%-, es ya contemplado, ni más ni menos, que por la propia S&P.