El presidente de FACUA-Consumidores en Acción, Francisco Sánchez Legrán, se ha dirigido a Mariano Rajoy para pedirle la creación de un Ministerio para la Protección de los Consumidores. Dice: "La protección de los consumidores es una política que ha tenido un cada vez menor protagonismo durante las cuatro últimas legislaturas y precisamente ahora, durante la crisis económica que vivimos a nivel nacional e internacional, los consumidores necesitan más que nunca que la defensa de sus derechos y las actuaciones contra los abusos y fraudes sean una prioridad del Gobierno". El señor Sánchez Legrán, que ya fue acertadamente criticado por Juan Ramón Rallo en estas páginas de Libre Mercado por su oposición a la libertad de comercio, añade: "La crisis ha sido en buena parte consecuencia de abusos empresariales que no tuvieron el debido control y regulación por parte de las administraciones".
La tesis de que no ha habido protagonismo de la mal llamada protección de los consumidores no es convincente, porque si algo ha habido es la multiplicación de la legislación, las políticas y las burocracias destinadas a ese fin. Decimos mal llamada protección porque el intervencionismo contra las empresas no favorece a los consumidores. Pensar que lo que a éstos realmente les conviene no es más libertad y más competencia sino más burocracia y más ministerios es un error, como lo es también pensar que la burocracia y la política defienden a los ciudadanos, cuando lo hacen o deberían hacerlo las leyes que protegen la propiedad privada y los contratos voluntarios, precisamente las dos dimensiones que más resultan hostigadas por la política y la burocracia.
Finalmente, sostener que la crisis se ha debido a los abusos empresariales es ignorar que la fuente fundamental de la burbuja radicó precisamente en esas administraciones políticas, en especial las monetarias, cuyo papel el señor Sánchez Legrán desea extender aún más.