Las comunidades autónomas incrementaron en cerca de 5.400 millones de euros la deuda de sus empresas públicas entre 2008 y el tercer trimestre de 2011, lo que ha elevado el nivel de endeudamiento total de estas administraciones territoriales en un 7,2% durante la crisis.
Según la firma internacional de auditoría y asesoramiento legal Russell Bedford, muchas autonomías crean sociedades mercantiles para evitar sus límites de déficit. Para reducir el gasto y el endeudamiento de las administraciones, el nuevo Gobierno español planea reestructurar y suprimir algunos de estos entes públicos.
En los últimos meses son numerosas las comunidades que revisan al alza sus niveles de déficit y, en gran medida, se debe al afloramiento de obligaciones en empresas creadas expresamente por las administraciones para acceder a un mayor endeudamiento. Según Russell Bedford España, los balances de sociedades mercantiles no consolidan con los presupuestos de las autonomías, lo que permite ocultar temporalmente las cuantías reales. Además, esta práctica también se utiliza para escapar a controles internos y políticos, aunque al final perjudica las cuentas y eficiencia de las administraciones, que han visto cómo sus ratios económicos han empeorado en poco tiempo.
Desde que comenzó la crisis a principios de 2008, el número de entes públicos no ha dejado de crecer en las administraciones territoriales, al pasar de 2.196 en enero de 2008 hasta los 2.671 actuales. Tal y como señala Russell Bedford, su crecimiento en número (+21,6%) es menos espectacular que el de la deuda (+53,3%) que ocultan: ha pasado de 10.100 a 15.500 millones en tres años, 5.400 millones de euros más.
De los 135.000 millones de euros que adeudan el conjunto de las autonomías, el 11,5% procede de las sociedades mercantiles públicas. Además, en ese mismo periodo las autonomías incrementaron su endeudamiento en 75.000 millones de euros, de los que el 7,2% procede de las empresas públicas.
Castilla y León y Extremadura, a la cabeza
Un total de ocho comunidades incrementaron por encima de la media el endeudamiento de sus empresas, entre las que se encuentran las más grandes. Lidera estos incrementos Castilla y León (+631,5%), seguida de Extremadura (+500%), Andalucía (+317,5%), Aragón (+114%), Asturias (+91,8%), Cantabria (+84,2%), Madrid (+77,6%) y Cataluña (+69,7%).
La deuda del sector público empresarial de otras cinco autonomías creció por debajo de la media, como es el caso de Baleares (+25,6%), Navarra (+25,3%), Comunidad Valenciana (+15,6%), Canarias (+5%) y País Vasco (+3,9%). Sólo tres comunidades redujeron la deuda de sus empresas: La Rioja (-94,1%), Castilla-La Mancha (-43,6%) y Galicia (-3,4%). La Región de Murcia es la única que no acumula deudas en sus entes empresariales.
Russell Bedford España destaca que el pago de la deuda y sus intereses ha llevado a una situación complicada a muchas administraciones regionales y ha contribuido a que su déficit se haya disparado del 0,2% del PIB español al 3,5% entre 2007 y 2010.
Cataluña y Canarias lideran la creación de entes públicos
Atendiendo al crecimiento del número de entes públicos por comunidades, Cataluña es la que lidera la clasificación, con un 71,5% más. Le siguen Canarias (+46,2%), Navarra (+41,2%), Andalucía (+40%), Madrid (+38,3%), Aragón (+38%), Asturias (+36,2%) y Castilla y León (+30%). Con incrementos más moderados, aunque significativos, se sitúan Cantabria (+24%), Comunidad Valenciana (+23,9%), La Rioja (+19,2%), Murcia (+10,6%) y País Vasco (+9,1%). En donde menos repunta es en Baleares (+2,4%), Extremadura (+4,7%) y Galicia (+7,7%). Los entes solo se reducen en Castilla-La Mancha (-3,3%).
Para reducir el gasto y el endeudamiento de las administraciones, el nuevo Gobierno español planea reestructurar y suprimir diferentes tipos de entes públicos. Entre sus objetivos se encuentra la simplificación del sector público empresarial y fundacional con el objetivo de reducir sensiblemente este tipo de entidades. Russell Bedford recuerda que comunidades autónomas como Galicia, Valencia, Cataluña o Aragón ya han realizado auditorías a sus empresas públicas que han revelado un desfase en las cuentas.
Según el socio fundador de Russell Bedford España, Gabriel Martínez, "la creación de sociedades públicas es una potestad perfectamente lícita que tiene la Administración Pública y que además puede reportarle importantes ventajas fiscales, en la contratación laboral, la financiación y la eficiencia económica y social. Sin embargo, en los últimos tiempos parece que ha servido a otros fines poco relacionados con la operatividad funcional que debe tener todo servicio público, convirtiéndose en una tapadera del despilfarro público".
Es por ello que Russell Bedford considera "necesario" que las empresas públicas se sometan a auditorías externas, sobre todo después de un cambio de gobierno, "para comprobar el verdadero estado de su tesorería y así permitir a autonomías y corporaciones locales diseñar y gestionar sus presupuestos con fiabilidad".