La subida de impuestos aprobada por el Gobierno la pasada semana acaba de situar a España entre los países que sufren los mayores impuestos directos de la UE. El Ejecutivo que preside Mariano Rajoy subió, de forma progresiva, los tipos del IRPF entre el 0,75% y el 7% a las rentas del trabajo y aprobó un aumento de hasta el 6% sobre las del capital a partir del 1 de enero de 2012.
Tabla 1: En concreto, en España (ES, por su abreviatura en la siguiente tabla) el tipo impositivo máximo sobre la renta (top statutory tax rate on personal income, en inglés) se sitúa ahora en el 52%, a la altura de Holanda (NL) y tan sólo superado por Suecia (SE) y Bélgica (BE), con un 56,4% y un 53,7%, respectivamente, según los datos de la oficina estadística de la UE (Eurostat) correspondientes a 2011.
De este modo, de un día para otro, España se ha colocado como el tercer país de la UE con un tipo máximo del IRPF más elevado, cuando antes ocupaba el undécimo puesto del ranking, superando a las grandes potencias europeas: Alemania (DE), con un 47,5%, Francia (FR), con un 46,7%, Italia (IT), con un 45,6%, o Gran Bretaña (UK), con un 50%. La media de la UE-27 apenas alcanza el 37,1%, mientras que la de la zona euro es del 41,8%.
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De hecho, incluso antes de que el PP aprobara subir el IRPF, España ya contaba con una de las fiscalidades directas más gravosas de los países ricos, englobados en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Así, de los 34 países que conforman dicha organización, España ocupó en 2010 la duodécima posición en el particular ranking que mide la carga tributaria sobre los salarios -incluyendo el impuesto sobre la renta y las cotizaciones sociales-, con un 39,6%. Bélgica, con un 55,4%, soportó el mayor peso de impuestos directos sobre la renta, seguido de Francia (49,3%), Alemania (49,1%), Austria (47,9%), Italia (46,9%) y Hungría (46,4%), mientras que la media de la OCDE fue del 34,9 %.
España fue, además, el segundo país de la OCDE, tras Islandia, en donde más aumentó la fiscalidad directa sobre los salarios en 2010 (casi 3,3 puntos porcentuales). La nueva subida aplicada por Rajoy añadirá aún más esta costosa carga que sufren los trabajadores, elevando a España al top ten de la OCDE en esta materia.
Lo mismo sucede con la tributación sobre los rendimientos de capital. Hasta ahora había dos tramos: hasta 6.000 euros se pagaba el 19% y desde esa cantidad el 21%. Sin embargo, el Gobierno del PP ha establecido ahora tres tramos aplicando un incremento fiscal progresivo: hasta 6.000 euros se pagará el 21%; de 6.000 a 24.000 se pagará el 25% y a partir de esa cantidad, el 27%.
Así pues, España contará también con uno de los tributos más altos de la UE sobre el capital. Reino Unido tan sólo supera a España en un punto porcentual, después de que el Gobierno de David Cameron elevara en 2010 en diez puntos, hasta el 28%, la carga sobre las ganancias de capital de las rentas más altas, aunque manteniendo en el 18% las de los inversores con rentas medias y bajas.
Escasa libertad económica
El problema es que esta elevada fiscalidad se combina con una escasa libertad económica, lastrando con ello el potencial crecimiento de la economía nacional. Y es que, España, si bien sufre una de las fiscalidades más altas de la UE, se sitúa a la cola de los países europeos en cuando a facilidad para abrir negocios y desarrollar empresas.
Según el último ranking de libertad económica que elabora el prestigioso Fraser Institute canadiense, España ocupó el puesto 54 del mundo, de un total de 141 países analizados. Una posición muy alejada de casi todos los grandes países de la UE, que se sitúan en los 30 primeros puestos. Tan sólo Italia, Portugal y Grecia están peor clasificados. De hecho, en el puesto 52 del ránking está Uganda, en el 55 Trinidad y Tobago, en el 56 Kazajstán y en el 57 Kenya.
Tabla 2: En concreto, ocupa el puesto 94 del mundo en cuanto a tamaño estatal (area 1 en la siguiente gráfica), el 42 en materia de protección y propiedad privada (area 3), el 56 en comercio internacional (area 4), el 101 en cuanto a regulación, el 118 en materia laboral y el 81 en cuanto a regulación empresarial (area 5, ocupando un puesto global de 92).
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Tabla 3: Además, la evolución de España a lo largo de los últimos años deja mucho que desear en este ámbito, ya que ha ido perdiendo posiciones de forma progresiva durante las legislaturas del PSOE, pasando del puesto 21 del ranking mundial en 2004 al 54 en 2009, tal y como muestra la siguiente tabla, que mide el nivel de libertad económica (una nota de 10 indica máxima libertad económica).
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Destaca el contraste que mantiene España respecto a otros países europeos. Así, por ejemplo, Suiza se alza con el puesto cuarto del mundo en libertad económica, Reino Unido ocupa el octavo lugar, mientras que los países nórdicos con elevados impuestos como Finlandia se sitúan en el undécimo lugar del ránking. Los países bálticos y del Este de Europa también lideran este indicador a nivel europeo: Eslovaquia (13), Estonia (15), Hungría (15), Lituania (24) o Georgia (27). Por último, Irlanda (rescatado por la UE y el FMI) se mantiene como vigésimo quinto más libre del planeta.
Es decir, España se sitúa a la altura de países del Tercer Mundo en materia de libertad económica. Un dato, que sumado a la elevada tributación que soportan los españoles, acaba configurando un peligroso cóctel. Y es que, la escasa capacidad de generar riqueza y los impuestos altos amenazan de forma directa al potencial crecimiento de la economía nacional.