Así como el Cid ganó su última batalla después de muerto, José Luis Rodríguez Zapatero ha podido disfrutar de un último triunfo una vez desplazado de la presidencia. Este viernes, el líder socialista ha podido ver cómo su rival tenía que renunciar a los principios que había anunciado en su discurso de investidura gracias a una herencia aún más envenenada de lo que se suponía.
España cerrará 2011 con un déficit del 8%, dos puntos más del anunciado por el Gobierno de ZP, y 20.000 millones de euros más que los que Rajoy debe recortar. El plan de choque del nuevo Gobierno, anunciando este viernes, tiene un monto total de 15.000 millones de euros, de los que casi 9.000 millones vendrán de reducciones del gasto y unos 6.000 llegarán de las subidas de impuestos. Con esta medida se supone que se cubre una tercera parte del ajuste que habrá que realizar a lo largo del año.
En la parte de la reducción del gasto, todas las medidas aprobadas por el Ejecutivo son dignas de aplauso: la supresión de direcciones generales, la congelación del sueldo de los funcionarios, el incremento de la jornada laboral y la tasa de reposición cero para los trabajadores públicos son medidas imprescindibles en el proceso de ahorro y racionalización de la administración. Los recortes a sindicatos, partidos políticos, patronal y a entes como RTVE o Renfe eran un clamor social que el Gobierno no podía desoír, aunque se quedan algo cortos: ninguna de estas instituciones debería recibir ni un solo euro de las arcas públicas, porque para eso ya están sus afiliados y sus clientes. Y el resto de recortes va también en la buena dirección, aunque se echa en falta alguna medida más de control de las desbocadas autonomías.
Pero, sin duda, lo que más ha sorprendido de lo anunciado este viernes por Soraya Sáenz de Santamaría ha sido el capítulo de los impuestos. Mariano Rajoy se comprometió a lo largo de toda la campaña electoral –en realidad podría decirse que en los últimos tres años– a no subir los impuestos si no era absolutamente necesario. Una semana después de llegar a La Moncloa ha modificado por completo su discurso. Es cierto que las sorpresas que se ha encontrado el nuevo Gobierno bajo las alfombras de los ministerios han sido mayores de lo previsto, pero un cambio de rumbo de esta magnitud tendrá que explicarlo muy bien si quiere que sus votantes lo entiendan. La subida del IRPF y el IBI dañará especialmente a las clases medias, ahorradores, asalariados y propietarios: todos estos colectivos siguen siendo la mejor esperanza de la economía española y es difícil imaginar cómo castigar su trabajo y su ahorro puede contribuir a la recuperación. Si era imprescindible subir impuestos, habría sido mucho más justo y menos dañino incrementar el IVA.
El Gobierno ha dicho que se veía "obligado" a adoptar estas medidas debido a las circunstancias extraordinarias con las que se ha encontrado. Puede que sea verdad pero, si lo es, entonces al Ejecutivo no le quedan excusas para seguir aprobando las reformas estructurales que necesita la economía española: laboral, financiera, recorte de la burocracia, etc... Nadie entendería que tras pedir este sacrificio a los contribuyentes españoles, Mariano Rajoy no se atreviese a enfrentarse a los grupos de presión que sí dañan cada día la economía del país.
Zapatero empezó llamando antipatriotas a quienes advertían de la crisis y ha terminado mintiendo sobre el estado real del desastre. Pocas veces un país avanzado se ha echado en los brazos de alguien que haya demostrado un nivel tal de incompetencia. Por eso, el problema al que se enfrenta el nuevo presidente no se revolverá sólo con recortes, por fuertes que estos sean. Se necesitan importantísimas reformas y no pueden esperar. Rajoy debe enfrentarlas con decisión, valentía y determinación: sólo así conseguirá que este último regalo de Zapatero no se convierta en la primera y definitiva derrota del presidente del Gobiermo.