Hasta este momento, tres países de la UE han tenido que ser rescatados y dos más están, como mínimo, vigilados desde Bruselas. Grecia, Portugal e Irlanda han tenido que pedir dinero a sus socios, ante la imposibilidad de cumplir con sus compromisos de pago. Por su parte, Italia y España no han llegado al rescate oficial, pero sí han necesitado de la ayuda del Banco Central Europeo (BCE), con sus programas de compra de bonos públicos.
Estos cinco estados se han enfrentado a sus problemas con la deuda soberana con un programa de reducción del déficit público que mezclaba recortes de gasto y subidas de impuestos. Grecia se ha decantado por retrasar las reformas mientras incrementaba con fuerza los tributos. Portugal, Irlanda o Italia también presentaron recortes del gasto, pero ninguno se libró de fuertes aumentos fiscales. En general, estas medidas se caracterizaron por recuperar algún tipo de tributo a los grandes patrimonios, eliminar exenciones en los impuestos sobre la renta y subir los impuestos al consumo (tanto el IVA como los especiales, a tabaco, alcohol o hidrocarburos).
Incluso, en España, José Luis Rodríguez Zapatero aprobó varias subidas de impuestos (IVA, patrimonio, eliminar exenciones en el IRPF...) para tratar de tapar el agujero presupuestario que se había formado en los últimos tres años de su Gobierno.
Mariano Rajoy ha hecho del cumplimiento de los objetivos de déficit el lema principal de su nuevo Gobierno. En 2012, España se ha comprometido con la UE a cerrar con unos números rojos del 4,4% del PIB. Oficialmente, se supone que este año el agujero será del 6% (aunque algunos suben la cifra real hasta el 8%). Por lo tanto, la diferencia entre ingresos y gastos tiene que reducirse al menos en 16.500 millones de euros, pero es posible que esta cifra sea muy superior en función de cómo evolucionen las distintas variables fiscales y económicas.
Hay dos formas de cerrar este agujero: subiendo ingresos o reduciendo gastos. La izquierda ha pedido a Mariano Rajoy que incremente los impuestos para no que tener que acometer recortes. La retórica ha sido la habitual en estos casos, pidiendo que paguen más los ricos y criticando cualquier recorte como anti-social. Pero el líder del PP seguró el líder durante el primer debate de investidura que no lo hará si puede evitarlo. Ha dejado la puerta abierta en función de la verdadera situación de las cuentas públicas. Y es que, no se fía de lo que se vaya a encontrar debajo de las alfombras.
El ahorro
Como en otras cuestiones, Mariano Rajoy no ha acabado de definir en detalle todas las medidas de ahorro, aunque sí ha apuntado por dónde pueden ir los tiros. Habrá un fuerte recorte en el gasto de personal, puesto que no se repondrá ningún funcionario excepto en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y "servicios básicos". Además, se suprimirán organismos y agencias públicas (aunque no ha dicho cuáles), también habrá recortes en los gastos corrientes y una mayor eficiencia en la gestión del patrimonio inmobiliario y las compras de la Administración.
Rajoy también ha abierto la puerta a las reducciones del gasto al anunciar un Pacto por la Austeridad, un mayor control del resto de las administraciones públicas, un refuerzo de los controles previos y de las responsabilidades de los gestores públicos y una ley de subvenciones que obligue a justificar este tipo de partidas y aumente la transparencia en su concesión. Son cuestiones genéricas de las que es necesario conocer los detalles para saber su alcance. Pero todas suenan bien, a más austeridad y control del gasto público. La tarea de reducir el déficit y dejar la deuda pública en el 60% del PIB en 2020 es realmente complicada. De su éxito, dependerá también, muy probablemente, la nota de la Presidencia de Mariano Rajoy.