Parafraseando a Alfonso Guerra, si Mariano Rajoy cumple con lo que ha presentado este lunes en su discurso de investidura, a la economía española, cuando llegue el verano, no la va a conocer "ni la madre que la parió". Y es que tan importantes como las medidas que el nuevo presidente ha anunciado en el Congreso, han sido las fechas a las que se ha comprometido.
ENERO. Estabilidad Presupuestaria. ¿Cuál es el déficit real?
La piedra angular sobre la que descansará todo el edificio legislativo del Gobierno del PP es la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Según lo anunciado por Mariano Rajoy, el objetivo es reducir el nivel de deuda al 60% en 2020 y establecer un déficit estructural máximo del 0,4% en ese mismo año. A corto plazo, la cifra está en el 4,4% de déficit comprometido con la UE para 2012. Pero sobre el deseo de control del gasto de Rajoy pende la espada de Damocles de la herencia socialista. Reducir el déficit del 6% previsto para este año a ese 4,4% requeriría un esfuerzo de unos 16.500 millones. Pero no hay casi nadie que se crea que España vaya a cumplir en 2011 con su objetivo: los más optimistas hablan de un agujero del 6,5%, los más pesimistas lo cifran en el 8%.
Si se produce esta situación, la necesidad de ahorro podría estar más cerca de los 40.000 millones que de los 16.000 con los que cuenta Rajoy. En su discurso de investidura, el candidato del PP ha afirmado que cumplirá con ese 4,4% sean cuales sean las cifras reales con las que se encuentre. Pero claro, si se cumple el peor de los escenarios, no será sencillo que cumpla también con su intención de no subir los impuestos y no reducir el gasto en las grandes partidas, como el sueldo de los funcionarios. ¿Qué otros recortes tendrá que acometer el nuevo Gobierno si se encuentra con un Estado casi en bancarrota?
PRIMER TRIMESTRE. Reforma laboral. ¿Convenios colectivos sí o no?
La reforma laboral tiene dos grandes campos de batalla: los convenios colectivos y el contrato único. El PP parece que está dispuesto a arrancar de las manos sindicales el control de la negociación colectiva, haciendo que los convenios colectivos a nivel de empresa tengan prioridad sobre los provinciales, autonómicos, estatales o sectoriales. El texto presentado este lunes en la Cámara Baja dice: "Reformar la estructura y contenidos de la negociación colectiva de modo que cada materia se negocie en un ámbito territorial o sectorial óptimo". Esto acabaría con gran parte del poder de las grandes centrales, pero precisamente por eso lo lógico es que UGT y CCOO se revuelvan e intenten impedirlo por todos los medios a su alcance. Sería muy extraño que un cambio de este calado en la negociación colectiva no traiga aparejada una Huelga General. La pregunta es ¿aguantará Mariano Rajoy el envite?
Alfredo Pérez Rubalcaba ha atacado directamente a Mariano Rajoy por el tema de las modalidades de contratación. El líder del PP ha dejado claro que no tiene sentido mantener el absurdo sistema dual español, con dos tipos de contrato –fijo y temporal- que dividen por completo a los trabajadores. Implícitamente, el candidato a presidente ha admitido que habrá un contrato único o algo muy parecido, pero sin concretar sus características. Las dos opciones de las que más se habla en los últimos meses son el contrato con indemnización creciente (de unos 10 días en el momento de la firma hasta unos 35 por año trabajado a partir del octavo o décimo año en la empresa) y el contrato único con 20 días por año trabajado. En esto, Rubalcaba ha sido claro: ha dicho que el PSOE se opondrá con rotundidad. Es muy probable que la izquierda intente usar esta cuestión para atacar al PP, diciendo que consagra la precariedad laboral. Casi todos los expertos coinciden en que es una reforma necesaria, pero no será fácil de aprobar por su coste político. ¿Se atreverá el nuevo Gobierno a mantener el pulso?
PRIMER TRIMESTRE. Emprendedores. ¿Mercado único?
Mariano Rajoy también se ha comprometido a aprobar antes de tres meses su Ley de Apoyo a los Emprendedores: los autónomos y las pymes no tendrán que pagar el IVA hasta que no cobren, habrá un procedimiento de compensación automática de las deudas reconocidas por la administración pública y una nueva ayuda fiscal al empleo por importe de 3.000 euros por el primer trabajador contratado. Probablemente, ésta sea la cuestión que menos problemas políticos ofrezca a Mariano Rajoy. En este apartado, la principal duda radica en hasta dónde llevará el PP su apuesta por la simplificación legislativa. El líder popular ha recordado que España es uno de los lugares del mundo donde más complicado es abrir una empresa y hacer negocios y ha alertado del peligro que corre la unidad de mercado en un país en el que las regiones aprobaron el año pasado más de ¡800.000! páginas de nueva legislación. Su solución está en la claridad normativa (ha llegado a afirmar que hacen falta "menos leyes, menos reglamentos, menos decretos, pero que los que hay se cumplan") y en un sistema de mutuo reconocimiento de autorizaciones y licencias que elimine obstáculos a la libre circulación de bienes y servicios. La pregunta en esta cuestión es ¿podrá evitar la tradicional lucha por las competencias con las comunidades autónomas?
PRIMER SEMESTRE. Sistema financiero. ¿Quién asumirá las pérdidas?
Tampoco en la cuestión del sistema financiero ha ofrecido demasiados detalles el presidente electo. Sus tres propuestas principales han sido: "vender los inmuebles en manos de los bancos, valorar de forma prudente los activos menos líquidos como solares o promociones a medio terminar y asumir las pérdidas latentes u ocultas en los balances".
De nuevo, la cuestión es cómo se aplicará todo esto en la práctica. ¿Quién venderá los inmuebles de los bancos? ¿cómo se les obligará a las entidades a hacerlo? ¿quién valorará los activos menos líquidos?
Sobre todo, una vez que todo ese trabajo esté hecho, se saque a la luz la realidad de los balances de los bancos y se sepa cuál es la dimensión real del agujero del ladrillo en las entidades, llegará la parte realmente complicada de la cuestión: ¿quién "asumirá las pérdidas?". Si son los bancos, lo más probable es que se desencadene una oleada de quiebras (el PP querría que fuesen fusiones que hagan más sólido el sistema financiero español); si el Gobierno acepta crear un banco malo comprando a los bancos estos activos, entonces será el contribuyente el que cargue con la mayor parte de este coste y será complicado de defender desde un punto de vista político.