Mariano Rajoy ha esbozado, al fin, las líneas básicas de su programa económico anticrisis. A grandes rasgos, su discurso durante el primer debate de investidura ha incidido en tres objetivos: austeridad pública para reducir el déficit, reestructuración financiera para reactivar el crédito y reformas estructurales para potenciar el crecimiento. Aunque la falta de concreción y detalle, como es habitual en estos casos, ha sido la tónica dominante en su intervención, es posible sacar una primera conclusión positiva en base a lo estrictamente expuesto: el necesario ajuste fiscal que precisa España se llevará a cabo, única y exclusivamente, por el lado del gasto.
Es decir, Rajoy se compromete a rebajar el déficit público hasta el 4,4% del PIB sin subir impuestos. En caso de cumplir su compromiso se trataría de algo inédito entre los países más débiles de la zona euro. No en vano Grecia, Irlanda, Portugal e Italia están tratando de realizar esta tarea, en mayor o menor grado, mediante la combinación de aumentos tributarios y recortes públicos. Así pues, primera medida reseñable que, según lo anunciado por Rajoy, va por el buen camino. Reducir el déficit sin subir impuestos es, sin duda, el mejor escenario que cabría esperar para España.
Sin embargo, su programa resulta incompleto, ya que el nuevo presidente del Gobierno no ha especificado el amplio y sustancial paquete de recortes que tendrá que llevar a cabo para la consecución de tal meta. De hecho, si bien ha avanzado una cifra inicial, ésta resulta del todo irreal. En concreto, el líder popular se ha comprometido a reducir en 16.500 millones de euros el déficit en 2012 para, así, alcanzar el objetivo del 4,4% del PIB que exige Bruselas. Pero eso, siempre y cuando el desequilibrio presupuestario cierre en el 6% del PIB el presente ejercicio (unos 65.000 millones), tal y como prevé la ministra de Economía en funciones, Elena Salgado.
¿Problema? Varios. En primer lugar, es muy posible que España cierre con un déficit superior al estimado en 2011. Una vez que los nuevos ministros empiecen a sacar las facturas pendientes de los cajones y a contabilizar partidas fantasma, el riesgo estriba en que dicho descuadre engorde en uno o dos puntos porcentuales del PIB, lo cual equivaldría a entre 10.000 ó 20.000 millones de euros extra, respectivamente. A ello cabe sumar, además, la promesa de actualizar la revalorización de las pensiones públicas conforme a la inflación prevista el próximo año, lo cual añadirá otros 1.000 ó 2.000 millones de gasto público.
En tercer lugar, el Gobierno socialista estimó que el PIB crecería un 2,3% en 2012 cuando, en realidad, España recaerá nuevamente en la recesión, de modo que los populares deberán rebajar, aún más, sus previsiones de recaudación fiscal en los próximos Presupuestos Generales del Estado. De este modo, y partiendo de que no subirá impuestos, se vería obligado a apretar más el cinturón por el lado del gasto para alcanzar el citado déficit del 4,4%. La cuantía extra, en este caso, dependerá de la dureza de la contracción económica pero, a modo de ejemplo, cabe recordar que la recaudación en las principales figuras tributarias (IRPF, IVA, Sociedades e Impuestos Especiales) se desplomó en cerca de 25.000 millones de euros con la recesión entre 2008 y 2009.
Sumen y se percatarán de que el recorte preciso multiplica, fácilmente, por dos o tres veces el anuncio ofrecido por Rajoy el lunes –entre 35.000 y más de 60.000 millones, en función de cómo evolucionen las distintas variables–. ¿Es mucho o poco? En realidad, aunque el ajuste final superase los 50.000 millones de euros –la media de los cálculos previos–, apenas supondría un recorte próximo al 10% del gasto total del conjunto de las administraciones, una auténtica nimiedad para el elefantiásico tamaño del sector público español (46% del PIB en 2010).
En realidad, Rajoy debería ser en este ámbito mucho más ambicioso y, en lugar de ocultar la realidad, apostar por un recorte drástico en todos los niveles de la administración como primera medida inmediata, de cara a alcanzar el equilibrio presupuestario durante su primer año de mandato. Es decir, 80.000 millones de euros menos –si el déficit llegase al 8% en 2011–, el 17% del gasto total. Y ello, sin subir impuestos, tal y como se ha comprometido. Es perfectamente posible, y ése sí que sería un buen y sólido primer paso en la dirección correcta. Por cierto, en estos cálculos iniciales no se ha tenido en cuenta la factura extra que, de forma ineludible, supondrá el saneamiento público del sector financiero, una materia en la que Rajoy tampoco ha querido entrar, pero que tarde o temprano deberá afrontar.