Rajoy ha señalado en su discurso de investidura cómo el consecutivo déficit público de estos últimos cuatro años ha elevado el porcentaje de la deuda pública sobre el PIB hasta superar el 69 por ciento, "desde una confortable cifra del 36% en 2007". El dirigente popular ha alertado, en este mismo sentido, cómo, dejando a un lado la partida de la Seguridad Social, el pago de intereses de nuestra deuda es, tras las prestaciones por desempleo, el principal capítulo de gasto en los Presupuestos Generales del Estado.
Hace bien Rajoy en dar todos estos datos para que los ciudadanos nos hagamos una idea de la insoportable rémora que, para nuestra recuperación económica, constituye el hecho de que las administraciones públicas gasten más de lo que ingresan. Con todo, nadie va a pedir a Rajoy que en estos cuatro años que tiene por delante reduzca el peso de la deuda pública desde el 69 por ciento del PIB en el que está ahora a la "confortable cifra" del 36 por ciento en el que estábamos en 2007. Pero sorprende, sin embargo, que Rajoy haya manifestado que en la Ley de Estabilidad Presupuestaria que el Gobierno presentará en enero "establecerá los criterios para la reducción progresiva del nivel de deuda hasta el 60% en 2020". ¡Sólo hasta el 60% y en 2020! Más aun cuando, según Rajoy, dicha ley fijará en un 0,4% el déficit estructural global máximo del conjunto de las Administraciones Publicas a partir de 2020".
Largo me lo fiáis. O mejor dicho, largo se lo fía Rajoy a sí mismo. Y es que, aunque estos límites no sean más que eso, topes máximos de déficit y endeudamiento público que pretenden tener carácter de rango de ley, deberían ser muchísimo más ambiciosos si de verdad pretenden reflejar cierto compromiso con el objetivo de lograr cuanto antes que las administraciones públicas se ajusten a su realidad financiera y dejen de vivir por encima de sus posibilidades. Aparte de que dichos topes, tanto en las lejanas fechas para alcanzarlos como en su cuantía, son escandalosamente laxos, ni siquiera son compatibles entre sí. Y es que para reducir, aunque sólo sea en un 9% y hasta el 2020, el peso de nuestra deuda, el conjunto de nuestras administraciones públicas deberían entrar en superávit presupuestario mucho antes de esa fecha. La estabilidad presupuestaria no se alcanza por el mero hecho de bautizar con ese nombre una ley que, en realidad, va a permitir a las administraciones públicas seguir gastando muy por encima de lo que ingresan.
En este sentido, no estoy reprochando a Rajoy que no haya concretado de dónde y en qué cuantía va a reducir el gasto de las administraciones para dar mayor veracidad a su compromiso con la austeridad; omisión esta de Rajoy que puede estar excusada –aunque sólo en parte– por el hecho de que sólo es su discurso de investidura, o que va a tener que prorrogar los presupuestos de 2011, o por el hecho de que aun tenga que confirmar, tras mirar bien debajo de las alfombras, cuál es el exacto punto de partida en el que nos encontramos.
Sin embargo, me parece evidente que el compromiso de reducción del déficit y endeudamiento –algo que se puede lograr de muy distintas formas y sin tener que pillarte los dedos ahora en determinadas partidas de ingresos y gastos– no está en modo alguno reflejado en la ley que se supone va a tener que plasmarlo. Parecería que Rajoy es consciente del problema pero no tanto así de su solución.
Claro que, frente a este vago compromiso con la austeridad, no faltarán quienes también ahora y en esto, pidan por Rajoy "tiempo al tiempo". Bueno, pues también en esto demos tiempo al tiempo. Sin embargo, también el tiempo, y más en las circunstancias en las que estamos, es oro. Y también en su uso es exigible la austeridad.