Aun a riesgo de ser pesado hasta la saciedad me gustaría comenzar este artículo escribiendo lo que he escrito en numerosas ocasiones con anterioridad. El precio final de la electricidad que pagamos los consumidores en España viene determinado por dos conceptos que tienen, fundamentalmente, el mismo peso: por un lado el precio de la propia energía, por otro lado el coste de los peajes de acceso a las redes de transporte de electricidad. Además, pagamos unos impuestos considerablemente elevados, algunos de los cuales se tributan dos veces.
El precio de la energía se determina en unas subastas donde productores y compradores, agentes privados, interactúan para fijar el precio final. El Gobierno no mete baza en esta parte del sistema, simplemente vigila su correcto funcionamiento a través de la Comisión Nacional de la Energía. La otra parte que determina el precio de la electricidad, los peajes, sí está controlada por el Gobierno, haciendo y deshaciendo a su antojo según los intereses del momento. Una partida muy importante dentro de esos peajes son las subvenciones a las tecnologías del régimen especial, fundamentalmente renovables. De este modo, los españoles pagamos mensualmente en la factura de la luz las lamentables decisiones tomadas por el gobierno en esta materia.
El importe de los peajes de acceso fijado por el Gobierno debería servir para cubrir la totalidad de partidas que deben ser pagadas. Lamentablemente esto no es así puesto que, por motivos electoralistas, el gobierno manipula los peajes de acceso para subir o bajar la electricidad a su antojo en los momentos que más le convenga. Ahora bien, cuando los peajes no cubren la totalidad de los costes (lo cual sucede siempre) se incurre en lo que conocemos como déficit de tarifa eléctrico, que estamos acumulando año tras año y que en algún momento tendremos que pagar con intereses.
¿Qué sucedió en la última subasta de electricidad que tuvo lugar el pasado septiembre? Que el precio de la energía se incrementó en un 12%. Si el gobierno hubiera decidido no tocar los peajes, el precio de la electricidad final debería haberse incrementado en un 6% puesto que el precio de la energía contribuye, aproximadamente, a la mitad del precio de la electricidad. Sin embargo, que la luz suba un 6% en plena campaña electoral es algo francamente evitable desde el punto de vista estrictamente populista. ¿Qué hizo el ministro Sebastián entonces? Redujo el importe de los peajes también en un 12% con el propósito de que el precio de la luz permaneciera invariable, congelado. Y todos contentos.
Todos contentos porque casi nadie presta atención a la otra mitad de la historia, que diría Hazlitt. Al reducir los peajes de acceso queda menos dinero disponible para pagar los costes regulados del sistema. Es decir, esos peajes que año tras año son insuficientes y nunca alcanzan para pagar lo que hay que pagar, ahora va Sebastián y los reduce todavía más. ¿Conclusión? Se incrementa aún más el déficit de tarifa. Se estima que esta medida nos va a costar unos 1.500 millones de euros adicionales en concepto de déficit, a sumar a los miles de millones de déficit que ya de por sí tendríamos aunque no hubieran bajado los peajes.
Perdidas las elecciones ya todo da igual y la técnica del disimulo deja de ser necesaria. Así, nos enteramos esta semana que el ministro Sebastián va a proponer a la Comisión Nacional de la Energía una subida de la luz del 20% a partir del 1 de Enero. Sí, sí, han leído bien, del 20%. Con esto compensará la maniobra de distracción electoral de septiembre y le pasará el muerto al Gobierno entrante. Disculpen lo soez de la expresión, pero es que el refranero español capta perfectamente el matiz de la cuestión mediante el famoso: "para lo que me queda en el convento, me cago dentro".