Nuestro simplón copago farmacéutico provoca que en el cambio de estatus de no pensionista a pensionista se produzca un aumento significativo del número de recetas. El consumo por individuo aumenta en el primer año de gratuidad alrededor del 25%. El simplón modelo de copago farmacéutico que existe en España nació en 1978 y sólo se aplica a los trabajadores activos, que pagan un 40% del coste de la receta, con la excepción de ciertos medicamentos para tratamientos crónicos en los que el copago es del 10%, con un límite de 2,64 euros. Durante este tiempo hemos comprobado que fomenta el sobreconsumo, por lo tanto es momento de reinventar el modelo para que sea sostenible.
Pero en el ámbito de la salud son necesarios otros modelos de copago. En concreto, me refiero al sanitario. Las complejas finanzas de la sanidad pública y los agujeros que se han provocado en las arcas de las administraciones, hacen necesario el debate del copago de los servicios de salud, salvo que prefiramos mirar a otro sitio hasta que el sistema salte en pedazos.
Abordar una opción de copago en la redefinición del actual modelo público de salud, que se financia a través de nuestros impuestos y no de la Seguridad Social, exige crear un ambiente sereno y ajeno a demagogias o simplificaciones. El copago es más complejo y diverso que la imagen de un paciente pagando un euro por ser atendido en un centro sanitario y tampoco es un debate al que se responde con un sí o un no. Existen varios tipos de copago en Europa. De hecho, en nueve de los quince países de la UE-15 existen copagos para todos los tipos de servicios sanitarios, lo cual nos permite hacer benchmarking. Tampoco podemos olvidar que un modelo de copago sanitario no puede acometerlo ninguna comunidad autónoma en solitario, porque provocaría disfunciones y mayores problemas. Este debate debe coordinarlo el Ministerio de Sanidad y debería contar con el concurso y el acuerdo de todas las CCAA.
En mi opinión, el copago debería servir para repartir el esfuerzo de forma más justa y para hacer más eficaz el Sistema Nacional de Salud. No se trata de aplicar un simplón enfoque igualitarista, sino otro que busque la equidad a partir de los niveles de renta. No tiene sentido que hoy, por ejemplo, un jubilado que haya sido consejero delegado de un banco reciba medicamentos gratis y no lo haga un desempleado con una enfermedad crónica.
El copago sanitario tiene dos objetivos básicos. Por un lado está el fin recaudatorio. Por otro, y más importante a mi juicio, su misión es regular los flujos de usuarios, para evitar el uso inadecuado de determinados centros o servicios y mejorar la eficiencia.
Si no se vincula al nivel de renta (pudiendo llegar a la exención), la carga del copago será mayor en aquellos con menores recursos. Y si se establecen de manera uniforme, sin tener en cuenta la efectividad del servicio o tratamiento, dejan al paciente la decisión compleja de discriminar entre lo de más valor y lo de menos valor. Además, si no se establecen límites o techos máximos, puede constituir un "impuesto" sobre los más enfermos.
Por otro lado, un porcentaje notable de la población tiene doble cobertura sanitaria a través de mutuas o aseguradoras privadas, lo cual descongestiona los centros públicos. Por lo tanto, parece evidente que esta práctica tenga alguna compensación fiscal.