Los sollozos de la ministra de Trabajo italiana, Elsa Fornero, durante la presentación del plan de ajuste fiscal aprobado por Roma constituyen un espectáculo bochornoso acorde con de la decadencia económica y social que asola a Europa desde hace décadas. Que un miembro del Ejecutivo lamente con tan honda tristeza la congelación de las pensiones públicas es síntoma inequívoco de que este continente, o al menos sus grandes potencias, está condenado al fracaso más absoluto en la era de la globalización. No en vano, las lágrimas de Fornero ponen de manifiesto el profundo desconocimiento de las clases gobernantes acerca de los problemas estructurales que sufre la zona euro. Y sin un diagnóstico adecuado la solución es, simplemente, misión imposible.
Europa se ha erigido en el referente mundial del Estado del Bienestar, un anquilosado sistema de provisión de servicios públicos, sustentado sobre la coacción fiscal y la expropiación forzosa de rentas, cuya insostenibilidad económica ya era patente en plena burbuja crediticia, pero cuyo edificio ha empezado a derrumbarse de forma claramente visible gracias a la crisis. Hasta tal punto ha llegado la degeneración ideológica y moral de la UE que los políticos de toda índole y condición lamentan el mínimo atisbo de austeridad en sus gruesas carteras, al tiempo que sus respectivas poblaciones se lanzan a la calle en señal de protesta ante el anuncio de recortes públicos.
Nadie repara, sin embargo, en la colosal factura que año tras año supone el mantenimiento de tal estructura estatal; nadie se fija en que la supuesta gratuidad de servicios no es tal, pues cada céntimo es sufragado de forma obligatoria con el esfuerzo y trabajo de empresas y trabajadores, presentes (impuestos) o futuros (deuda); por si fuera poco, nadie destaca la paupérrima calidad y cuantía de dichas prestaciones; y como colofón, nadie se plantea la sustitución de tal expolio por un sistema compatible con el capitalismo y el libre mercado, con el consiguiente beneficio para los contribuyentes y el conjunto de los asistidos.
Fornero lamenta el "sacrificio" que el Gobierno tecnocrático de Mario Monti se ha visto obligado a imponer a los pensionistas italianos como resultado de la crisis de deuda que sufre la zona euro, y muy especialmente Italia en los últimos meses. Pero, en realidad, lo que subyace tras estas lágrimas no es más que pura hipocresía e indecencia. El sistema público de pensiones es insostenible per se, además de constituir un fraude piramidal tipificado como delito en la legislación de todos los países desarrollados, incluido Italia, siempre y cuando éste se cometa en el sector privado, no en el público.
El recorte de las pensiones, el aumento de la edad de jubilación y la elevación de los años cotizados necesarios para percibir prestación era –y es– inevitable desde la misma imposición de la Seguridad Social a finales del siglo XIX durante el régimen autoritario de Otto von Bismarck. De hecho, el sistema suspende pagos (incumple los compromisos adquiridos) de forma recurrente cada pocos años. Basta observar las sucesivas reformas que ha padecido el sistema español en la era democrática: la sanidad pública se financiaba no hace mucho a través del pago de cotizaciones, hoy se nutre de los impuestos que conforman los presupuestos; mientras, los años de cotización y el correspondiente cálculo de las pensiones se han modificado en diversas formas y, sin duda, la reforma recientemente aprobada por Zapatero no será la última.
En cualquier caso, las lágrimas y pesares de los políticos responden al necesario ejercicio de austeridad al que se ven obligados para evitar la quiebra de sus correspondientes estados, es decir, a los "sacrificios" que ellos mismos se aplican en detrimento de su poder e influencia social. No en vano, tanto las pensiones como el resto de prestaciones conforman una eficaz herramienta para mantener en cautiverio amplias bolsas de votos, cuya ignorancia les hace creer que el Estado está ahí para protegerles y asegurarles un porvenir cuando, en realidad, se dedica exclusivamente a esquilmar su riqueza actual y futura.
Por otro lado, resulta vergonzoso que el Gobierno de Roma se disculpe por estos recortes cuando el verdadero "sacrificio" que imponen a sus gobernados radica en una amplia y extensa subida de impuestos a fin de sufragar sus despilfarros y excesos. En este sentido, el ajuste anunciado por Monti no tiene nada de austero, pues la mayoría de medidas anunciadas están destinadas a vaciar aún más el bolsillo del contribuyente y a vigilar de forma férrea la evasión fiscal. Fornero debería pedir disculpas, sí, pero no por los escasos recortes públicos aplicados, sino por permitir que su Ejecutivo siga dilapidando los siempre escasos recursos de los italianos en mantener un sector público sobredimensionado, incapaz de ajustar sus gastos al nivel actual de ingresos, y un Estado del Bienestar que es bienestar del Estado.